Turbaco sin peajes

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El desarrollo vial de nuestro país es una necesidad de inaplazable ejecución, compromiso del Estado colombiano, presupuesto de desarrollo, base de la competividad, agregado de la movibilidad,  obras  que  se realizan  bajo el esquema  de las  concesiones  y  las alianzas público privadas.

“Las concesiones viales, mediante la cual el Estado transfiere al sector privado las principales responsabilidades derivadas de la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura, con lo cual se liberan recursos públicos para el cumplimiento de otros fines esenciales,” afirman con interés de parte, los operadores de  las obras, porque ellos son parte  de estos jugosos negocios.

Las justas reclamaciones de los pobladores de Turbaco, ha quedado  en lo mínimo: pedir una tarifa diferencial, cuando lo justo sería que no le cobraran peajes, porque esa vía es de todos los turbaqueros, de todos los bolivarenses y colombianos, como parte esencial  de la  nación, de allí la legimidad de sus  peticiones.

La Autopista del Sol producirá muchísimos soles para los dueños del negocio, si estuviéramos en Perú; en Colombia, muchos pesos, y muchos soles por pagar para los usuarios de la vía, porque ésta, bajo el esquema legal de la concesión, ha sido parcialmente privatizada, so pretexto de una necesidad, el desarrollo vial, que requiere la mano generosa y salvadora de los concesionarios, que ayuda a “liberar recursos públicos para fines esenciales”, para que estos recursos públicos, agregamos nosotros, entren en masa a las arcas de la concentración monopólica del ingreso.

Los turbaqueros no desean ese peaje, no fueron consultados, su rechazo ha sido generalizado, pero estos fueron abandonados a su suerte por la Gobernación de Bolívar, y los alcaldes que conocieron el proyecto, hoy ni siquiera tienen defensores ni  interlocutores estatales, excepto  la policía  nacional, la fuerza pública, porque  el balón está en el campo del concesionario, ellos  tienen  el poder, son los poderosos grupos económicos que tienen  todo el derecho a recuperar sus inversiones, pero no  a acumular gigantescos recursos públicos.

La reclamación ciudadana quedó en el mínimo, tarifa diferencial, del ahogado hay que  rescatar el sombrero, dice un refrán popular, ojalá lo logren porque en estas y otras reclamaciones han quedado sin aplicación alguna los principios normativos constitucionales  que ordenan respetar la soberanía popular, soberanía, solo de papel.Las normas constitucionales prevalecen sobre  las legales, principio  elemental  del derecho, entonces,  ¿dónde quedó   la naturaleza  inalienable e imprescriptible de los bienes de uso público?, las calles y las avenidas  lo son, normas sepultadas por la  fuerza de las  leyes que  mezclan  perversamente el  bien  común con  los intereses privados.

 

La protesta civilizada, pacífica, que en ejercicio de su  poder soberano  ejerce el pueblo de Turbaco y municipios vecinos,  debe ser  respaldadas  por la comunidad  bolivarense,  por las propias autoridades, por  el gobernador, Juan Carlos Gossain, por los alcaldes municipales, por cuanto nuestro ordenamiento constitucional tiene fórmulas de solución para concertar el no cobro del  peaje, que van  de la mano de las normas que hemos citados. ¡Me resisto a creer, que sigamos en la patria de los Bobos!

profesoralcidesarrieta@hotmail.com

 

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