Columna


Un caso de inseguridad jurídica

MANUEL PRETELT DE LA VEGA

17 de octubre de 2021 12:00 AM

La Corte Constitucional y la institucionalidad, tienen en vilo desde hace más de 8 años más de 8.470 hectáreas y propiedades en Cartagena.

La inseguridad jurídica de la tierra en Colombia y la lentitud del Estado nos tiene aprisionados en la pobreza.

El caso es el de la Hacienda Arroyo Grande, que según la sentencia T-601/2016 , contemplaba cerca de 18.457 hectáreas, identificados en 1.081 folios de matrícula inmobiliaria. Pero al hacer el levantamiento, por un supuesto error, encontraron que involucraban otras localidades de Cartagena. Sin embargo, las autoridades no han tomado medidas por estas posibles conductas delictivas. Frente a ello, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), disminuyó el área de investigación a más de 8400 ha. Sin embargo, es de anotar que, la escritura 161 de 1897, soporte de la sentencia, señala que el área es de ocho caballerías, es decir, 247 hectáreas hoy, corroborado en varias escrituras de la época.

La tutelante en 2013 se presentó acudiendo a la figura de ser integrante de una comunidad de 113 familias afrocolombianas, creada como un supuesto derivado de la escritura. Así mismo, se presentó como desplazada, como si estuviera en una zona de violencia y atacada por las autoridades de Bolívar por considerar que no han atendido sus pretensiones, vaya falacia. La zona norte de Cartagena ha sido un territorio de paz.

Es de destacar que esta escritura no hace referencia a raza o etnia, se trata de una compraventa de una propiedad en común y proindiviso, quedando incluso los españoles como codueños. Claramente no se trata de una tierra de baldíos y la ANT no tendría injerencia. No es una tierra entregada a una comunidad étnica. Por tanto, la prueba de la tutela está viciada. Sin embargo, sorpresivamente fue aceptada por la corte y la afectación continúa violando el artículo 58 de la Constitución.

Es de anotar que los propietarios particulares fueron excluidos del proceso, violando el derecho a la defensa. Lógicamente se frenaron millones de dólares de inversión y ya se han perdido más de 10.000 empleos.

A la ANT se le dio un término de 2 años, va por 6 y la última fecha sería en abril de 2022, sin embargo, todavía desconoce a los supuestos herederos, no ha ubicado con precisión las caballerías, no ha abierto el procedimiento a pruebas, y no han iniciado los recursos que en consecuencia deberían presentar los particulares.

Es importante anotar que los predios adquiridos de buena fe, según la Corte, podrían ser liberados, pero esto no puede pasar hasta que finalice todo el proceso.

Lo cierto es que la seguridad jurídica de la tierra está resquebrajada, y el Gobierno sigue soñando con inversionistas cuando las garantías no están dadas.

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