En Norteamérica desde hace varios decenios existe un conflicto entre la industria azucarera y los organismos de protección de la dieta. En otros países de América ese problema ya tiene repercusiones importantes. Más adelante señalaremos cual es la situación en Colombia.
La Universidad de San Francisco, California, denunció que tres investigadores de la universidad de Harvard, en el decenio de los sesenta, tergiversaron los resultados de unos estudios para poner en buen lugar a los productos azucarados e insinuar, como evidentemente lo hicieron, que eran las grasas las responsables de la mala salud de los consumidores. La industria azucarera pagó en esa época estudios que le restaban importancia a la relación que hay entre los azúcares y las enfermedades del corazón, culpando de ello a las grasas saturadas. La revista “JAMA Internal Medicine”, sugirió que las investigaciones sobre el papel de la nutrición, incluían las dietas basadas en recomendaciones de la industria azucarera.
El “New York Times” reveló que Coca-Cola le pagó una millonaria suma a otros investigadores para que comunicarán que las bebidas azucaradas no estaban relacionadas con la obesidad. Igual ocurrió con la industria de los dulces, que también financió estudios que afirmaban que los niños que comen golosinas tienden a pesar menos que los que no lo hacen.
En Colombia, en diciembre de 2016, la organización Educando Consumidores, produjo varias piezas publicitarias alertando sobre el contenido real de estas bebidas y su relación con enfermedades como la diabetes. Seguidamente Postobón, cuyo propietario es uno de los mayores productores de azúcar en el país y dueño de uno de los canales privados- demandó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la publicidad, calificándola de engañosa y de querer generar confusión entre los consumidores. La Superintendencia le dio la razón a la industria y frenó la difusión de los anuncios, con el argumento de que los promotores debían presentar las pruebas científicas que respaldaran lo que afirmaban.
Esperanza Cerón, directora de la campaña, recibió amenazas contra su vida. No obstante, Cerón no desistió y presentó varias tutelas pidiendo reversar el veto impuesto por la SIC. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional se pronunciaron en contra de la SIC. La primera, en abril de 2017, sostuvo que el derecho a la salud de los consumidores se afecta al restringirles información sobre las consecuencias de un determinado producto en su integridad física y mental. La Constitucional falló a favor de Educar Consumidores, y señaló que la SIC iba en contra del derecho a la protección de la salud de los colombianos y de su derecho de elegir libremente qué alimentos desean consumir.
*Exdirector de El Universal. Académico de Medicina e Historia.
DARÍO MORÓN DÍAZ*
dmorond@gmail.com
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