Columna


Un fracaso de gestión pública

“Hoy, 30 años después, la apertura es un fracaso y el país depende de las ventas externas, ya no del café, sino de recursos naturales con poco valor agregado”.

HAROLDO CALVO STEVENSON

HAROLDO CALVO STEVENSON

14 de febrero de 2020 12:00 AM

En Colombia siempre se ha soñado con un sector exportador dinámico que jalone el crecimiento económico. Pero solo una vez en nuestra historia, comenzando a fines del siglo XIX con la gran expansión del café, las exportaciones han sido motor de desarrollo. Después, durante muchas décadas, se promovió el crecimiento protegiendo la producción nacional con altos aranceles hasta que, a fines del siglo, el modelo hizo crisis con bajas tasas de expansión y anémicas exportaciones.

En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se dio un viraje con la llamada apertura económica: una drástica reducción de aranceles y controles a las importaciones para bajar la protección a la producción doméstica, hacerla más competitiva, y diversificar las exportaciones. Hoy, 30 años después, la apertura es un fracaso y el país depende de las ventas externas, ya no del café, sino de recursos naturales con poco valor agregado. En 2018, el petróleo y el carbón representaban 60% de las exportaciones; los productos industriales, 20%. Desde 1990, el tamaño del sector externo colombiano (exportaciones más importaciones) se ha mantenido en 35% del PIB.

¿Qué ocurrió? Como lo muestra con gran claridad la obra “Comercio exterior en Colombia” (Banco de la República, 2019), escrita a varias manos por el economista Jorge García y un equipo de colegas, sucesivos gobiernos se dejaron presionar por grupos de interés de la industria y del agro para compensar la reducción arancelaria con un enjambre de barreras (permisos, licencias, trabas burocráticas) manejadas por más de 20 entidades. Así, en 1990, la protección promedio (aranceles y controles) a la producción nacional era de 66%; en 2014 era de 127%. “La estrategia económica”, escriben, “es proteger la producción nacional sin importar sus costos ni el bienestar de los consumidores”.

Hace 30 años, la protección era por la vía de aranceles altos; hoy ese gran número de normas y “tratamientos especiales” generan un arancel disperso. En Colombia es más rentable “solicitar prebendas y pagar más por los favores recibidos que esforzarse en producir con mayor eficiencia y a menor costo”.

Esto ha tenido enormes costos para el aparato productivo y para los consumidores. Pero, sobre todo, para el crecimiento económico a largo plazo. La economía colombiana no ha logrado superar su gran vulnerabilidad ante los volátiles mercados de materias primas, como lo mostró con elocuencia la profunda crisis fiscal que, en 2014, desató el desplome de los precios internacionales del petróleo. En Colombia, al parecer, gobernar es favorecer a quienes extraen rentas de la protección.

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB o sus directivos.

*Profesor Asociado, UTB.

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