El país en estos dos años posteriores al proceso de paz ahora experimenta un nuevo panorama político, que ambivalentemente revela esperanzas y frustraciones. Es menester resaltar dos aspectos que consideramos fundamentales en la génesis de ese nuevo escenario social y político. El principal fue el valor civil que exhibieron los promotores de la Consulta Anticorrupción, que luchando contra viento y marea lograron una alta votación el 26 de agosto. El otro no menos significativos fue la influencia que ejerció la Registraduría, la que acudió a ciertas artimañas en los últimos procesos electorales encaminadas a desviar la balanza, siempre contra los promotores de un nuevo panorama político en el país.
En relación a esa intromisión es necesario destacar que los promotores de la Consulta o los situados en la orilla opuesta al statu quo, no se percataron de que su contradictor más poderoso estaba agazapado en ese fortín burocrático y no en los directorios políticos de sus oponentes. De esa manera hay que concluir que pecaron de una ingenuidad política evidente.
La acción de la Registraduría puede precisarse así: en la primera consulta de precandidatos, no informó los resultados del formulario E-14. La misma se negó a corregir los errores en esos mismos formularios E-14, que con los datos en números eran fácilmente alterados y así permitían el fraude. Esa falencia podía corregirse disponiendo que el resultado fuese escrito y con números, sin embargo, no lo hicieron, porque eso no convenía a sus intereses. En ese mismo orden de ideas en la consulta entre Iván Duque y Gustavo Petro la Registraduría dilapidó el dinero al ordenar elaborar, ¿dos tarjetones? Eran dos candidatos, Duque y Petro, y un solo tarjetón bastaba. Pero los dos convenían porque por ejemplo de allí surgió la insólita solución de permitir fotocopiadoras en Medellín, ¡precisamente en Medellín!, con la proterva intención de permitir el fraude. Por último, para cerrar con broche de oro el día de la consulta, el vocero de esa entidad descaradamente, salió por la televisión a dar cifras de la votación con la intención de generar la desmotivación de los electores que se acercaban a las urnas. Fue una intervención indebida, prohibida por ley; lo hizo con la finalidad de desalentar a los ciudadanos a votar, a pesar de que con ello violaba la neutralidad.
Los promotores de la Consulta han reaccionado tardíamente, en sus cuestionamientos a los procesos ocurridos en los últimos eventos electorales. Creemos que el daño está hecho, pero debemos reiterar que hubo cierto grado de ingenuidad política de los promotores de las consultas y sucesivos episodios electorales. No obstante, debemos reiterar que todos ostentan un alto grado de valor civil y compromiso democrático.
*Exdirector de El Universal. Académico de Medicina e Historia.
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