Columna


Un regreso peligroso

ENRIQUE DEL RÍO GONZÁLEZ

22 de junio de 2021 12:00 AM

El COVID ha dejado una estela de desgracia que aún se sobrepone a la esperanza que nació con el proceso de vacunación mundial, el cual en Colombia avanza con lentitud. Entretanto, para evitar que prosiga el descalabro financiero, los gobiernos han optado por la reactivación de algunos sectores, en especial el económico.

Hoy a pesar de que muchas personas mayores de 45 años se han vacunado, son más las que faltan por recibir esas gotas de ilusión, mientras, las cifras de muertes y contagios son cada día más alarmantes, la ocupación hospitalaria está absolutamente desbordada y según los expertos, ninguna vacuna previene la propagación por lo que incluso los inmunizados pueden contraer y transmitir el virus.

Conforme con esta realidad, se ha hecho latente para algunos la preocupación de ser contagiados. En el plano judicial, es palmario el terror que se siente cuando desde el Ministerio de Justicia anuncian un pronto retorno a las audiencias presenciales, entendiendo erradamente que las condiciones de riesgo han cambiado y peor, que tal regreso se hace necesario.

Se olvida el Gobierno que solo los funcionarios de la Fiscalía fueron priorizados en el plan de inmunización y que no sucedió igual con los jueces, magistrados, empleados y mucho menos con los defensores públicos y demás abogados litigantes, cuyo rol es esencial dentro de la función judicial. Extrañamente se ha ignorado que las formas de justicia implementadas de emergencia y por necesidad, han demostrado utilidad, lo que impide que sean anuladas.

Luego de años de vigencia de la ley 906 de 2004 los fiscales realizan varias audiencias en una jornada; antes para un control previo se tomaban todo el día. Gracias a la virtualidad se puede trabajar en cualquier juzgado del país desde la casa u oficina, lo que genera un importante ahorro de tiempo y dinero facilitando la puntualidad, garantizando que sean muy pocas las excusas admisibles para el aplazamiento de las diligencias y mejor aún, que no haya disputas por conseguir una sala para realizarlas.

Si hacemos lo necesario para la total implementación del expediente digital, la justicia podrá estar al alcance de todos, entendiendo que esta no depende de la posibilidad de asistencia física a las reducidas y peligrosas instalaciones judiciales. Necesitamos la disposición del componente humano y la dotación de los elementos tecnológicos para prestar y recibir un servicio de calidad y seguro. No sea que por reclamar justicia terminemos ante la corte celestial.

P.D. Estas conclusiones, guardadas las proporciones, también son aplicables al sector educativo, en el que se priorizó a los docentes, pero no a los estudiantes, con la diferencia de que muy pocos tienen un acceso de calidad a la tecnología que requiere la comunicación virtual.

*Abogado.

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