Urgencia manifiesta

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A raíz de la decisión tomada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR), entidad ejecutora de la protección costera, de utilizar la figura de un proceso licitatorio cerrado, para efectos de evitar uno abierto y con pluralidad de oferentes, sin posibilidad de hacer consultas previas sobre los pliegos de condiciones, destinado a seleccionar al contratista que ejecute las obras de protección costera desde Bocagrande hasta Crespo, vale la pena mencionar los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, donde se incorporó el concepto de la “Urgencia Manifiesta” y del “Control de la Contratación de Urgencia”, respectivamente.

"Artículo 42. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos”.

Del artículo anterior se infiere que es entonces un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios en situaciones excepcionales, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o crisis, son del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa. Es decir, cuando no se cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

Para el caso específico de la contratación de la protección costera, sería importante conocer los argumentos que esgrimió el CIOH para expedir el concepto que le sirvió de base a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR), para decretar la urgencia manifiesta en la ejecución de tan importante proyecto, pues a la vista de todos está la situación que demuestra la contradicción entre lo existente y lo que establece la Ley 80 de 1993.

Es otra situación más que pone en desventaja a las empresas de ingeniería locales, que tienen amplia experiencia en este tipo de obras, frente a consorcios y empresas locales y foráneas que ahora se conforman para tales efectos.

Si en el pasado fuimos víctimas del empaquetamiento, de hasta treinta obras en un solo proceso licitatorio, con uno o dos oferentes, ahora se usa un artificio o subterfugio para continuar con la inveterada práctica de torcerle el pescuezo a la ley.

Trataré de que este escrito llegue a manos de la señora vicepresidenta de la República para saber qué opinión le merecen mis apreciaciones.

*Rotaremos este espacio para mayor variedad de opiniones.

*Ingeniero Civil y Sanitario

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