¿Valió la pena?

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El jueves de la semana pasada se conoció la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos, que estaba contemplada en el Código de Policía vigente.

Lo anterior generó una gran polémica entre los que consideran que se trata de un espaldarazo a las libertades y derechos sociales y los que, por el contrario, piensan que tumbar esta prohibición va a poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes, así como a otros usuarios de estos espacios, y podría incitar al consumo y al aumento de las ya preocupantes cifras de alcoholismo y farmacodependencia que padece Colombia.

El origen del controvertido fallo se inicia en un ejercicio liderado por académicos que cayeron en cuenta que el Código de Policía tenía unos vacíos que hacían demandable la disposición, y desde el punto de vista técnico efectivamente originaron una demanda de constitucionalidad presentada en mayo de 2018 y fallada a favor de la academia.

Visto de esta manera se trataría de un tema jurídico que tiene un grupo de personas de acuerdo y otro que no y que han expresado sus opiniones a favor o en contra en espacios como los medios de comunicación y las polarizadas redes sociales.

El tema del fallo es que levantar la prohibición del consumo en estos espacios públicos, por cuenta de un tecnicismo jurídico o de una falla en el diseño del Código de la Policía, tiene más riesgos que beneficios.

En Colombia las cifras de alcoholismo y farmacodependencia van en aumento, para nadie es un secreto que el consumo afecta a nuestra sociedad en todas sus esferas y que la mezcla de alcohol y drogas tiene consecuencias tanto para el consumidor como para su entorno. Ninguno de los colombianos que hoy están en las ollas de nuestras ciudades inició su periplo por el mundo de las drogas pensando en las consecuencias que se podían derivar de ese primer consumo y que este lo llevaría a la indigencia.

Tampoco es cierto que por prohibir el consumo en parques y espacios públicos el problema se va a acabar. Es claro que la represión no es la solución y que la estrategia histórica frente al consumo de drogas ha fallado. Hay que mirar nuevos escenarios en donde a juicio de algunos podría considerarse la controvertida legalización y mucha, pero mucha educación y trabajo social.

Sin embargo, el problema se aumenta cuando se considera todo lo que rodea al consumo de drogas y alcohol en un parque. Aparece entonces el microtráfico, los jíbaros, la inducción a los menores y mayores de edad al consumo, la violencia asociada al microtráfico y al alcoholismo, las zonas vedadas, las fronteras invisibles y quien sabe cuántos problemas más asociados al consumo que probablemente el tecnicismo jurídico no tuvo en cuenta.

La sentencia abre entonces un espacio para que a partir de la protección de los derechos individuales se creen unos problemas colectivos mayores. Crea además la posibilidad de que se vean amenazados y afectados los niños, niñas y las familias usuarias de los parques y es allí donde todos como sociedad debemos unirnos para protegerlos.

Queda pues la Policía con este fallo sin una herramienta para poder controlar al menos una parte de estos problemas. Y la pregunta que surge entonces es: ¿valió la pena la sentencia?

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