Uno de los fines del Estado, según la Constitución Política de Colombia de 1991, es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Sin embargo, después de casi 30 años, los servidores públicos que han dirigido el país no han realizado verdaderos programas de educación para que la mayoría de los ciudadanos tengan las competencias de hacer uso de todas las herramientas legales que ofrece nuestro sistema de gobierno, para intervenir en la búsqueda de solución a los problemas que afectan a la población, sea individual o colectivamente.
A pesar que en el Artículo 41 de la Constitución se dice que: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica”, el Ministerio de Educación no hace que se cumpla con esta orden legal, lo cual es una deuda histórica del Estado, que ha ocasionado, entre otros factores, el agravamiento de la problemática social de la población colombiana sumiéndola en la miseria y el ostracismo, originando el surgimiento de fuerzas al margen de la ley que asumen en algunos territorios las funciones del Estado, por la ausencia e ineficacia de este.
La promoción y formación en participación ciudadana a la población con la oferta de garantías para su ejercicio, es una necesidad que reclama un Estado Social de Derecho para su fortalecimiento como democracia, y que debe ser satisfecha en todas las entidades territoriales, corporaciones públicas e instituciones, partiendo del principio de que si la comunidad interviene en la solución de sus asuntos, surgen ventajas como: a) Un entendimiento más próximo entre gobernantes y gobernados b) Surgen de la comunidad recursos adicionales destinados a solucionar problemas, para los cuales la administración sola no puede resolver. c) Viabiliza los proyectos y las acciones en la jurisdicción, porque estos tienen su origen en las peticiones de los ciudadanos. d) Surge un control efectivo sobre el Gobierno, haciéndolo más responsable ante la opinión pública. Luego el facilitar la intervención del mayor número de ciudadanos en los asuntos de gobierno se convierte en un factor de desarrollo humano, socioeconómico y político, que neutraliza cualquier acción de violencia y terror realizada bajo la suposición de reclamar derechos. Evidencia es la serie de reuniones que hoy hace el gobierno para escuchar a la gente, cuando eso debía ser una política de Estado.
*P.U. Comunicación Social Periodismo.
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