Vicisitudes del canal del Dique

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Lo que hoy conocemos como el canal del Dique es el resultado de una cadena de intervenciones de la Nación sobre un sistema lagunar comprendido entre el río Magdalena en Barranca Nueva y Calamar, y las bahías de Cartagena y Barbacoas en el Mar Caribe, efectuadas para facilitar la comunicación fluvial entre Cartagena y el interior del país.

Estas se realizaron desde la época de la Colonia en 1571 y finalizaron en 1984.

Estas intervenciones van desde el corte y remoción de manglares para comunicar la antigua ciénaga de Matunilla con la bahía de Barbacoas hasta su rectificación y ampliación en 1952, que dieron como resultado la reducción de 270 curvas, iniciales, a 93.

La última intervención del canal del Dique por parte de la Nación fue en 1984, cuando además de reducir el número de curvas, de 93 a 50, se produjo una ampliación y dragado en la sección del canal, situación que permanece en la actualidad.

Esta serie de trabajos, unidos a la imprevisible y cada vez en aumento, deforestación, trajo consigo la presencia de mayores caudales y por ende el aumento del transporte de sedimentos provenientes del río Magdalena.

Este proceso creciente ha repercutido en la constante sedimentación a lo largo del canal y en las bahías de Cartagena y Barbacoas, causando un grave impacto en la navegabilidad, al igual que la destrucción gradual de los corales del Rosario y San Bernardo.

Aunque los orígenes del Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del canal del Dique se remontan al 31 de marzo de 1997 con la resolución 260 del Ministerio del Medio Ambiente, solo en 2013 y después de un accidentado proceso licitatorio, la gerencia del Fondo Adaptación escogió la oferta del Consorcio Dique, conformado por Gómez Cajiao de Colombia y Royal Haskoning DHV de Holanda, para hacer los Estudios Hidrosedimentológicos y Diseños de Obras de Protección para el canal del Dique.

La oferta de $52 mil millones incluyó un plazo de dos años, (septiembre de 2015), para la ejecución de estos estudios.

A pesar de que la solución final ya está dada, surge el consabido trancón de los recursos pues esta obra vale 2,3 billones de pesos y los funcionarios que vienen de Bogotá solo saben decir que el proyecto, financieramente, está en cero. Otra jugarreta más del centralismo que nos agobia y asfixia.

Se necesita de la buena voluntad del Gobierno nacional para tener una pronta solución a la financiación de una obra tan importante y no pretender imponerle a Cartagena y Bolívar esta carga financiera para que resuelva un problema, causado por la Nación, en bienes naturales como el canal y la bahía.

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