Aunque siempre lo entendí como proselitismo político de la oposición, ya está tomando fuerza la intención del Gobierno de gravar las pensiones. Está en el texto que se enviará al Congreso para aprobación, según palabras del ministro de Hacienda. La Corte le tumbó al Gobierno el ingreso solidario, y ahora lo revive para compensar las devoluciones que tendrá que hacer la DIAN.
Sin embargo, en el párrafo ocho, del Artículo 48 de la Constitución Nacional se establece que “sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”, lo cual permite predecir que será declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Pero no es tan fácil. Como puede observarse, hay ambigüedad en todo lo que se afirma. Primero, porque mediante Ley se puede hacer, lo que dice que no se puede por otros medios; segundo, porque ‘congelar’ es un término impreciso en finanzas (algunos lo toman como mantener en su valor nominal, mientras que otros, como no hacer ajustes más allá de la inflación); tercero, porque si ‘reducir’ se sobreentiende referido a su valor nominal, lo violan cuando le cargan deducciones, sin que la Corte lo objete; pero podría entenderse también referido a su poder adquisitivo, que lo hacen anualmente desde 1993, cuando todos los salarios suben en un porcentaje mayor.
Sin embargo, más allá de estas imprecisiones legales, está el concepto de ‘respeto y justicia’ que reclama la organización que los asocia, por lo que se ha logrado con tanto esfuerzo y dedicación; porque por esa vía (deducciones e impuestos) se le está robando bienestar, tranquilidad y autonomía a quienes ya no tienen posibilidades de obtener nada más. Que nunca se debe olvidar, que es producto del trabajo honrado de quienes creyeron estar asegurando el futuro con lo que la Ley les ofrecía.
Las pensiones “son sagradas”, se le escuchaba decir al entonces presidente Álvaro Uribe. No sólo eso, son derechos adquiridos, protegidos constitucionalmente, que se gastan en bienes y servicios que dinamizan la economía, y pagan impuesto al consumo. En ocasiones ocupan mano de obra no calificada en atención personal, compañía, y hasta socorren directamente, o aportando a fundaciones, a los menos favorecidos. Es inaceptable lo que se pretende, sin hacer nada por reducir el derroche oficial.
Como lo percibo, se dramatizó con lo de C19, se gastó en exceso, y ahora se pretende pasar factura indiscriminadamente a todos los ciudadanos; ignorando, además, que a muchos se les impidió trabajar. Le llegó el momento de ajustarse el cinturón, no a los ciudadanos, que de hecho muchos lo vienen haciendo, sino al Estado. Empiecen por reducir, en 30% al menos, el presupuesto de todas las entidades, que como se sabe, lo inflan al momento de elaborarlo.
*Ing. Electrónico, MBA.
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