Colombia está inmersa ya en varios tratados de libre comercio, más conocidos como TLC. La competitividad del país es fundamental para aprovecharlos en vez de ser víctima de la eficiencia de las naciones con quienes los firmamos.
La competitividad normalmente se refiere al entorno de negocios que permite que llegue el capital extranjero al país y que incluye el valor y disponibilidad de la tierra, la tarifa de los servicios públicos como el agua potable (y a veces cruda, para procesos industriales), energía eléctrica, infraestructura vial, eliminación de la tramitomanía y por supuesto, la seguridad, sin la cual no se movería ni un dólar hacia nuestro país.
La seguridad siempre es un concepto más amplio del que parece, porque no se refiere solo a la seguridad física de las personas y de los objetos de valor como maquinaria y equipos, sino que incluye una seguridad clave: la jurídica, que asegura las reglas de juego.
Estas reglas, a su vez, se refieren a cómo será tratada la inversión, especialmente los derechos de los extranjeros para ser propietarios dentro de Colombia, para importar capital y exportar utilidades, y sus obligaciones tributarias dentro del país.
Barranquilla se autoproclamó como la Capital de los TLC en Colombia y en vez de ser un eslogan hueco, se dedicó a trabajar para volverlo realidad. Aunque a Cartagena no le va mal en su expansión industrial, ya sabemos que nos falta mucho para llegar a la cohesión y coherencia barranquillera, cuya cabeza es la propia alcaldesa, aliada al sector público y al privado.
Hay un factor de la competitividad que se debería dar por hecho, que ni siquiera debería preocupar, que es la seguridad jurídica de la propiedad privada, no solo de los inversionistas extranjeros, sino de los propios ciudadanos locales.
Pero en Cartagena y pueblos aledaños funciona al menos un cartel de tierras que se atreve a robarse cualquier propiedad. Con el mayor cinismo fabrican “ocupantes de buena fe” de los terrenos que siempre han sido de otro propietario, y dotan a estos invasores del don de la ubicuidad, porque aunque hayan vivido en un sitio conocido por todos, el cartel hace el milagro legal de probar que lleva décadas habitando la tierra que pretenden robarse mediante la prescripción de dominio, ¡y tienen el cinismo de sostener esta fabricación en la cara de la propia víctima de la expoliación!
Antes se oía hablar del robo de tierras de campesinos, por ejemplo, en veredas remotas de Montes de María, y quizá allá se perfeccionó la técnica para hacer el fraude, pero ahora podría suceder en plena ciudad o al lado de cualquier carretera tan visible como las nuevas de doble calzada.
Las autoridades de control deberían ponerle atención a este fenómeno criminal ya convertido en urbano.