La Corte Constitucional decidió y el presidente Duque acató el fallo por el cual negó sus objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debe entonces sancionar el presidente ese estatuto, que despeja el camino a las dudas jurídicas que se cernían sobre el tribunal especial en relación con competencias, procedimientos y algunas normas sustantivas, ante la demora en la aprobación y su entrada en vigor.
Por encima de los discursos y análisis sobre quién ganó o perdió con esta decisión, lo importante es que el presidente vaya despejando el azaroso camino que le ha tocado recorrer en la primera etapa de su mandato. En tal sentido, dejar atrás este tema y, ojalá que muy pronto, el caso Santrich, y otros que son sustancialmente políticos, con contenidos altísimamente ideológicos, se está convirtiendo en una necesidad para el retorno a la senda de la productividad y la tranquilidad nacional.
El desgaste institucional que ha afectado notablemente no solo la imagen del Gobierno central, sino también el ritmo de crecimiento de diversos sectores de la economía, producto del malestar general causado por la infecunda confrontación política, hay que detenerlo.
No es conveniente que el presidente reaccione a la decisión de la Corte o a las vicisitudes de los procesos que le siguen a Santrich en la JEP y ahora en la Corte Suprema de Justicia, con una nueva andanada de pronunciamientos públicos que profundicen las discrepancias entre las distintas fuerzas políticas. Por el contrario, puede sentirse tranquilo el presidente que le cumplió a sus electores con las objeciones que en su momento formuló, o a las gestiones y declaraciones sobre la naturaleza de la conducta de Seuxis Paucias Hernández. Ya ninguno de los líderes del No, o sus compañeros del Centro Democrático podrán cuestionar su lealtad a las ideas que compartieron sobre estos temas.
Pero ahora debe centrarse en concitar a la unión nacional, para lo cual tiene sentido rescatar la iniciativa del gran pacto que comenzó a gestar con algunos partidos, pero que no amplió a todos los demás, y que también requiere el concurso de las fuerzas vivas de la nación.
Si ya la JEP cuenta con su ley estatutaria, y Santrich está en manos de dos tribunales, cada uno conforme con sus competencias, pues no tiene sentido que se ocupe públicamente de tales asuntos, que son de la autonomía de la Rama Judicial.
Si el presidente ahora se centra en la buena marcha de la economía y en la ejecución de macroproyectos, grandes y medianas obras, y en liderar y poner a hablar al país en temas en los que los colombianos necesitamos de la guía del jefe de Estado y de Gobierno, y dejar que se desgasten aquellos que quieren incendiar al país por razones ideológicas, políticas, económicas o personales, las grandes mayorías que permanecen hastiadas de tanta mezquindad y ramplonería, podrán sentir que por fin el gobierno arranca, con lo que eso significará para que se sepulten los temores al mañana y se sobreponga la nación a la nefasta incertidumbre sobre si el país podrá o no recuperar la senda del progreso sostenible.
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