¡A reaccionar ya!

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En editorial de hace unas semanas preguntamos a los señores alcalde, secretario de Planeación, concejales y constructores qué hay que hacer para sacar al sector de la construcción de la honda contracción por la que atraviesa.

Ayer, en nuestra página económica resumimos los preocupantes resultados del primer trimestre de 2019 en este campo, resaltando que se presentó una variación negativa aún más profunda en el lanzamiento de unidades de vivienda que en 2018, correspondiente al 53%; y singularmente del 64% en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). ¿Es que puede ser más grave?

En cuanto a las ventas, disminuyeron un 28% al comparar el mismo periodo de enero a marzo de 2018, con un retroceso de 39% en la vivienda VIS, mientras que en la no VIS fue del 10%, lo cual quiere decir ni más ni menos que el año pasado retrocedimos en solo doce meses lo que habíamos logrado avanzar en seis años en el sector de la construcción. ¿A alguien, distinto de los constructores, le preocupa estas desconcertantes cifras?

No puede ser posible que estemos en niveles de venta similares a los de 2014, ¡y no suframos pesadillas!

Y si sabemos que el problema es por la ausencia de reglas claras para el sector, producto de la inestabilidad jurídica, la falta de institucionalidad y la oprobiosa informalidad, es claro que las soluciones a la crisis están en manos del Distrito y de los gremios del sector, y para eso hay normas que habilitan para emprender esas soluciones.

Se puede comenzar con las modificaciones excepcionales de normas urbanísticas compiladas en el Decreto 1077 de 2015, que las autoriza cuando dichas modificaciones tienen por fin asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes General y Urbano del correspondiente POT.

Las modificaciones pueden emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del alcalde, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que dan lugar a ello.

Entre las soluciones normativas se pueden contar disposiciones específicas para reactivar la construcción y venta de viviendas de interés social, para compensar cargas urbanísticas en el suelo suburbano, para reglamentar los tratamientos de renovación urbana, entre otros.

Como esto se puede hacer en cualquier tiempo, no hay que esperar años por una modificación general del POT, que pareciera lejana. Si la norma permite hacer las reglamentaciones hoy, no hay excusas jurídicas para dilatar la reactivación de la economía de la ciudad.

El alcalde y el secretario de Planeación tienen que decir con claridad si van a liderar ese proceso, pues la ciudad no resiste más prórrogas de decisiones; es que por esa vía llevamos 10 años. Y si no hay capacidad técnica en el Distrito, entonces que se reconozca con sinceridad, para buscar las soluciones en otra ciudad o país; ¡pero actuemos ya!

La Procuraduría deberá controlar y acompañar para estas reglamentaciones urgentes, pues con el pánico que se generó en la ciudad con la ilegalidad urbanística, esta no puede hacer menos que exigirlas.

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