Editorial


Absurdos simbólicos

“Que el Estado hable a través de sus legítimos representantes, y que estos resuelvan los asuntos para los cuales han sido designados o elegidos”.

EL UNIVERSAL

16 de septiembre de 2021 12:00 AM

El Estado no existe. Esta es una conclusión a la que se llega por varias vías cuando se suman pequeños hechos que demuestran cómo no pasa de ser una ficción jurídica creada por los fundadores de las naciones, para darle personalidad a la institucionalidad pública, pero que en realidad se trata de la suma de las voluntades de personas comunes y corrientes, algunas más geniales que otras, pero finalmente, personas naturales con sus virtudes y defectos.

El que el Estado no existe, pues en realidad son las personas que lo representan y nos gobiernan, se prueba, sobre todo, cuando se torna inoperante; esto es, cuando no es capaz de resolver los asuntos más simples en la vida rutinaria de las ciudades y pueblos sobre los que contiene su imperio. En tales circunstancias, que en nuestro país abundan, el ciudadano termina descubriendo que esa conveniente entelequia para mantener a cada nación unida bajo el imperio de la ley, tiene pies de barro, especialmente cuando se paraliza frente a las cosas más simples.

Un ejemplo apenas simbólico de estas aseveraciones, por lo sencillo y minúsculo, pero que ha despertado mucho interés entre los cartageneros, es el del ya famoso árbol seco que decidió naufragar en las playas de Marbella, con la inquebrantable terquedad de no dejarse mover de allí, pero con tan mala suerte que su fealdad –hay árboles secos con buena pinta– daña su entorno y pone en riesgo a los bañistas que suelen visitar la mar que le circunda los fines de semana.

Aun cuando en poco tiempo cumple un mes de estar incrustado entre el mar y su orilla, y de que algunos pescadores manifiestan que les ha favorecido en sus faenas de pesca, la mayoría de ciudadanos y otros trabajadores de la zona deprecan de las autoridades, que sus despojos sean retirados del agua cuanto antes .

Hasta ahora el Estado colombiano ha sido incapaz de decir cuál de sus agentes está obligado a removerlo. Ni los de la nación ni los locales aciertan a señalar al responsable, y entre tanto los gobernados a quienes interesa el tema se mantienen impertérritos, para descubrir cuándo se le dará sepultura a los desechos de este náufrago horrible.

¿Acaso no sería suficiente que el alcalde o sus colaboradores les soliciten a alguna de las empresas de aseo que preste esta gestión como un servicio especial que facture oportunamente a la Alcaldía, para que aquella contrate al empresario que sepa hacer lo que se debe para la remoción? ¿Eso es posible?

Tal vez sí, o es probable que haya mejores soluciones para este caso. Pero lo cierto es que son demoras que fatigan, y que hacen preguntar qué tipo de comunicación hay entre las entidades que nos gobiernan. ¿Hay diálogo fluido entre las autoridades? ¿Se están reuniendo con frecuencia y proactivamente?

Que el Estado hable a través de sus legítimos representantes, y que estos resuelvan los asuntos para los cuales han sido designados o elegidos.

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