Editorial


Abuso y vandalismo

“Nuestro policías deben aguzar sus sentidos para evitar la comisión de hechos que dañen la razón de la existencia de una institución (...)”

EL UNIVERSAL

12 de septiembre de 2020 12:00 AM

En la semana que cierra, además de los avatares que suceden con la pandemia, en el país nos estremecimos con videos que mostraban un caso de abuso policial, que abrió paso a airadas protestas algunas de las cuales derivaron en actos de vandalismo en Bogotá y otras ciudades, con el doloroso resultado parcial de 11 civiles muertos, 209 civiles lesionados, 194 policías heridos, 54 CAI y 6 estaciones de policía vandalizados, así como 91 vehículos destruidos, incluidos 77 autobuses de transporte público, y varios establecimientos de comercio vulnerados.

La muerte de Javier Ordóñez en circunstancias aún no clarificadas, pues no han concluido las investigaciones, es el colorario de una sucesión de hechos que mostraban el creciente estrés en las relaciones de oficiales de policía con ciudadanos inermes a lo largo del país, incluida Cartagena.

Lo cierto es que estamos frente a varias coyunturas que ameritan la más alta atención de las instituciones y la comunidad en general.

Por un lado, nuestros policías deben aguzar sus sentidos para evitar la comisión de hechos que dañen la razón de la existencia de una institución conformada sustancialmente por mujeres y hombres nacidos y criados en las barriadas populares. Quienes dirigen la Policía Nacional tendrían que hacer un alto en el camino y reconocer que algo está fallando en los procesos de selección, formación, entrenamiento y desarrollo profesional y personal de los oficiales; si no fuera así, no se habrían manejado de formas erráticas episodios inherentes a sus funciones de control de conductas descritas en el Código de Policía, como los que muestran diversos videos difundidos en redes, plataformas y medios de comunicación, siendo el culmen de todos, los hechos que derivaron en la muerte de Javier Ordóñez.

No sólo es necesario devolverles a los policías el respeto debido a las autoridades; también es preciso restituirle la plena credibilidad a una institución esencial en la preservación del orden público y la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

En cuanto a la protesta, es pertinente recordar que se constituye en una de las más destacadas cualidades de una nación democrática; sólo los gobiernos decentes garantizan ampliamente a sus ciudadanos el expresar sus insatisfacciones en las calles, con las sucedáneas posturas de escucharlos y atender sus reclamos.

Por supuesto, es un error respaldar o animar la violencia. No sólo es criminal, sino que demerita el ejercicio del derecho a protestar. Si es de suponer que la enfurecida reacción de tantos jóvenes se debe a la frustración por la situación del país o por el resentimiento contra restricciones o represiones antes y durante la pandemia, también lo es el de inferir, por las formas de vandalismo calificado que ocurrieron en algunos puntos de las protestas, que hubo aprovechamiento ilícito de las razones del descontento. Las autoridades nos deben esa información, para que las acciones de algunos desadaptados no dañen la legitimidad de las reclamaciones ciudadanas.

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