Seis hombres armados y disfrazados atracaron a 12 turistas, 8 colombianos y cuatro extranjeros, y violaron a una turista norteamericana, en Playa Rosita, en Taganga, pasada la medianoche del viernes. Playa Rosita está muy cerca por lancha desde el Camellón de Santa Marta, aunque los bandidos llegaron a pie a través de los cerros y sorprendieron a los turistas durmiendo. Los extranjeros eran mochileros que trabajaban en un pequeño hotel y así pagaban su manutención y hospedaje. Todos fueron encañonados por los malhechores, quienes les robaron celulares, dinero y pertenencias.
Las autoridades de Santa Marta y Magdalena están revisando todos los esquemas, desde la propiedad de las lanchas que están varadas y abandonadas en las playas, hasta la legalidad de los hoteles y alojamientos que funcionan en las distintas ensenadas y cerros, además de los distintos muelles, que deberían tener los permisos respectivos. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita capturar a los bandidos.
Este, no obstante su gravedad y hasta sevicia, es un hecho aislado en el contexto general del turismo en Santa Marta y en el país, pero es de todos modos enormemente dañino, en primer lugar por sus consecuencias para los visitantes directamente afectados, y en segundo lugar para la reputación turística de ese destino, de la región Caribe colombiana, y del país.
El mejor antídoto contra esta clase de acontecimientos funestos es una justicia pronta y eficiente que capture y encarcele a los culpables, que tengan sentencias ejemplarizantes, y que se tomen medidas efectivas para que estos hechos no se repitan. Es decir, tiene que haber inteligencia permanente en los destinos turísticos, y encima de eso una vigilancia bien organizada y por lo mismo eficaz.
En Cartagena hay casos con alguna similitud, especialmente con respecto a las embarcaciones surtas en los fondeaderos favoritos de esta área, como son las islas del Rosario y San Bernardo, que han sido abordadas y atracadas por piratas locales. Y aún hay casos no resueltos, como la muerte de una holandesa a bordo de un velero fondeado en las islas del Rosario, y también hay incidentes frecuentes entre algunas de las personas que alquilan los ‘jet skis’ y sus clientes.
Todos estos casos de aquí y de otras partes tienen que dejar de ocurrir, y también tienen que ser resueltos los que no lo están, para que los malhechores no gocen de la impunidad que los estimula a repetir sus fechorías.
Es entonces imperativo que las autoridades nacionales den todo el apoyo posible a las autoridades de Santa Marta para que estos atracadores y violadores queden a buen recaudo, porque además de los inestimables daños morales y físicos a sus víctimas, estos hechos les hacen un daño enorme a los destinos turísticos de la región y amenazan miles de empleos formales.
En Cartagena hay casos con alguna similitud, especialmente con respecto a las embarcaciones surtas en los fondeaderos favoritos de esta área (...)
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