Principalmente por la falta de una política clara de ejercicio de autoridad, heredada de anteriores administraciones por las debilidades en la institucionalidad de una ciudad que padeció por años la interinidad de sus alcaldes, Cartagena no ha encontrado el rumbo en ese arduo equilibrio entre la permisión de las libertades y la restricción en el abuso de estas.
Lo cierto es que padecemos de una riesgosa deriva hacia la indisciplina social crónica. La indisciplina siempre ha existido; incluso, podría ser una de las características de la ‘cartageneidad’, que se suma a la irreverencia y la espontaneidad. De hecho, hay quienes opinan que hacen parte de la magia del Corralito de Piedras.
Pero cuando la indisciplina social se vuelve crónica, las ciudades se tornan invivibles en la medida que la gente hace lo que le viene en gana, bajo el convencimiento de que no habrá autoridad civil que la retenga o porque la autoridad civil tolera los desafueros, o porque se queda sin jerarquía moral para deprecar orden y obediencia.
De la indisciplina social crónica se pasa a la desobediencia civil, y de allí a la anarquía, que es uno de los peores estados de la vida en comunidad.
La ciudad viene presenciando reiterados casos de indisciplina social que bordean la desobediencia civil. Para citar solo algunos ejemplos podemos traer a colación los siguientes.
El Distrito decretó la prohibición de circulación de motos en tramos de la Avenida Pedro de Heredia; sin embargo, ya es natural que no haya observancia de esa restricción. Los motorizados se sienten en libertad de acatar o no la norma, y el grado de desfachatez crece en la medida en que se reduce el sentido de autoridad.
A pesar de la negación del permiso para la realización de las corralejas en Bayunca, miembros de la comunidad decidieron efectuarlas, con el saldo de dos heridos y dos capturados por la confrontación con la Policía.
De otra parte, ante la indefinición de la modificación de un decreto de restricción de horarios de funcionamiento de establecimientos en barrios de la ciudad, los propietarios se negaron a cumplir con el cierre dispuesto por la Alcaldía, lo que requirió la intervención de la Policía.
Se pueden citar más casos en los cuales el factor común es el desprecio por las órdenes de la autoridad civil. Es una clarísima manifestación de irrespeto y menosprecio por las básicas normas de convivencia, derivadas de las medidas que los servidores públicos adoptan para hacer más dúctil la vida en comunidad.
Por supuesto que uno de los factores que más influyen en esa irreverencia descarada es el ejemplo. Si la inobservancia de las normas de avenencia social o de las reglas imperativas no son atendidas por quienes ostentan la calidad de funcionarios, difícilmente estos pueden reclamar de los gobernados obediencia.
¡La sana convivencia se nos está escapando de las manos! ¿Qué hacer?
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