La politiquería que se tomó al Estado en Colombia y remplazó el servicio público por la rapiña para beneficio personal y grupista tiene que acabarse, y ayudan a lograr ese fin los procesos como los que lleva la Fiscalía en Cartagena, en donde se puede entender mejor cómo opera este sistema perverso luego de seguir los procesos legales y sus pormenores.
Aun sin la ventana abierta por las pesquisas del ente investigador, está claro que quienes ganan las elecciones en el país no solo suelen sentirse dueños del erario, sino que lo tratan como un botín para repartir, usualmente de manera proporcional a los votos obtenidos o al arreglo hecho de antemano. Eso explica la ineficiencia enorme de la mayoría de las entidades públicas, porque las funciones para las que fueron creadas pasan a último lugar y las repartijas y la burocracia torticera ocupan el primer plano y consumen sus máximos esfuerzos y energías.
Hay entidades donde esto es más visible que en otras, no porque sean peores o estén más ‘llevadas’ por las malas mañas que las demás, sino porque la naturaleza de su trabajo las obliga a mostrarse más.
Es inexplicable que en Cartagena exista una amplísima señalización en las calles indicándoles a los conductores qué se puede y qué no se puede hacer, y que nadie, o muy poca gente, la obedezca ni las autoridades la hagan respetar. Es entonces ‘normal’ bajo este esquema que haya una mesa de fritos en una acera con clientes motorizados aparcados enfrente comprando las delicias que allí venden, y que la mesa de las viandas este debajo de un aviso que indica que es prohibido parquear allí, y lo hacen a pesar que bloquean un carril entero. O que en cualquier otra parte haya los mismos avisos de corrido en las vías, y que debajo de estos haya hileras larguísimas de carros que convirtieron el espacio público en sus aparcaderos privados.
También hay una gran cantidad de cruces peatonales demarcados, pero no los respetan los conductores ni los usan los peatones, y ni unos ni otros son sancionados porque nadie está allí ejerciendo autoridad.
Todo esto indica que la señalización en verdad no está en la calle para mejorar la movilidad, ni para cuidar a la gente, sino para poderle entregar contratos a alguien en función de la repartija antes mencionada. Esta actitud y estos procesos se replican en la mayoría de las entidades de los municipios, aunque no siempre de manera tan notoria como las distintas señales de tránsito. Hemos tenido algunos directores de Tránsito activos que han contrarrestado algo la tendencia, pero el sistema está diseñado así, perverso, y no cambiará haciendo más de los mismo. La única esperanza de cambiar la mentalidad y la práctica es eligiendo funcionarios capaces de desmontarlo.
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