Finalmente, el Comité Nacional de Paro (CNP) tomó la esperada y lógica decisión de suspender las movilizaciones permanentes que arrancaron el 28 de abril de este año, como un segundo capítulo de las iniciadas el 21 de noviembre de 2019.
Según lo que se entiende del reciente comunicado, la nueva estrategia busca sustituir las protestas de los últimos 45 días por jornadas pedagógicas en tanto se avanza en las negociaciones con el Gobierno.
Pero lo más importante de este cambio de tercio en el ajedrez que se juega tras los actos públicos, está en la implicación del Congreso de la República en los asuntos que inspiran al Comité de Paro.
En efecto, de las múltiples reuniones de los integrantes nacionales y regionales del CNP se han recogido propuestas para la elaboración de proyectos de ley que serían presentados ante el órgano legislativo el próximo 20 de julio.
Aunque este giro en la estrategia no supone el fin de las manifestaciones, puesto que consideran, no sin razón, que las causas que provocaron las protestas se mantienen vigentes, la clave ahora es convertir sus demandas, entre las que se incluye una renta básica para la población más pobre y la gratuidad de la educación superior para los estratos más bajos hasta por cinco años, en proyectos de ley que los congresistas, los primeros desconsiderados como legítimos para representar al Estado en las movilizaciones de las últimas semanas, ahora se convertirán en protagonistas de primer orden.
El que el Congreso sea intimado a que discuta y apruebe o no proyectos de ley de alta sensibilidad social debería llamar a la preocupación a nuestros congresistas. Si algo caracterizó a los protestantes es su total desconexión con los parlamentarios, a quienes no se les miró como destinatarios de las reclamaciones sociales de los marchantes, y quienes jugaron un flaco papel durante las protestas.
Ahora les llega el turno a ellos, los primeros llamados a elevar la discusión, pero en los hemiciclos del Congreso, de aquellos temas que, aunque suelen ser debatidos, no se solucionan, correspondiéndole normalmente a las Cortes adoptar las medidas temporales, como si tuvieran la función de sustituir al Congreso, al que suelen conminar a que legislen lo que los magistrados tienen que dilucidar por esa renuncia al deber de proveer leyes de los asuntos más álgidos de la sociedad colombiana.
Aunque ya lo hemos dicho antes, si bien hay que hacer balances de los efectos del paro en la realidad nacional, en Cartagena las centrales obreras y demás integrantes del CNP a nivel local mostraron una madurez en el ejercicio del derecho a la protesta; solo se echa de menos que no hubiesen sido más contundentes en el rechazo a los bloqueos en las vías locales, sobre todo en el sector industrial, lo que supuso riesgos innecesarios, así como al encarecimiento de productos de consumo general.
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