Cárcel de mujeres

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Si hace solo unas semanas, y antes del reciente desplome de una parte del techo, se calificó como urgente la mudanza de la cárcel de mujeres de San Diego, después de dicho accidente tal traslado resulta inaplazable. El riesgo al que están expuestas las internas y el personal que labora en la vetusta edificación ubicada en la Calle del Campo, en el Centro amurallado, no es menor y no sería admisible que vuelva a ocurrir un incidente similar que cause daño a las más de 140 reclusas, empleados o terceros.

La dilación en la solución al traslado de la cárcel distrital de mujeres es otra prueba evidente de la desidia e incapacidad en adoptar decisiones a tiempo.

No puede ser que al actual alcalde, sujeto a uno de los periodos más breves e inciertos de los que han habido en la azarosa historia institucional de la ciudad, sea quien haya asumido las riendas de la solución al problema, cuando la orden de adoptar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar obras de mantenimiento, adecuación y reparación de la Cárcel San Diego, se dio desde hace ya diez años mediante la sentencia de Tutela 126 de 2009.

Pero, además, la orden de iniciar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena, también se dio en esa sentencia.

Ahora, las expectativas están puestas en el alcalde de Turbaco, ante quien se adelantan diligencias para definir el traslado temporal del penal a un predio en zona de conurbación del vecino municipio. Aunque el lugar escogido cuenta con el aval del Inpec y la Uspec, vecinos conformados por representantes de la comunidad y de empresarios con industrias, comercios y bodegas instalados en esa área, se oponen a dicho traslado temporal pues alegan que la ubicación y edificación escogidos no cumplen con las condiciones mínimas de un centro de reclusión y las normas urbanísticas.

Se comprende que decisiones como esta revisten un alto grado de complejidad. Pero ante la gravedad de los hechos y los riesgos para la integridad de las personas que permanecen o visitan la actual sede, es indispensable que el alcalde de Turbaco se pronuncie con urgencia si se autoriza o no el traslado, no solo porque la situación no da más espera, sino porque de ser negativa la respuesta, habría que activar un plan B, que no se conoce.

En efecto, no hay a la fecha otra solución diferente que goce de algún grado de certeza. Esto conlleva a tomar medidas más desesperadas como las propuestas por el alcalde Pereira; esto es, que las penadas con condena sean trasladadas a otras cárceles del país, y las que no estén condenadas se trasladen temporalmente a cárceles como las de Barranquilla y Santa Marta.

En todo caso, no es justo que la solución se le deje solo al alcalde Pereira, pues la actual cárcel distrital también alberga o recibe a reclusas de Turbaco y de otros municipios del departamento, con lo cual los alcaldes vecinos tienen la obligación de asumir una cuota de responsabilidad en la solución a un problema que es común a todos estos.

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