Editorial


Cartagena: el caso Mattos

Carlos Mattos, uno de los empresarios más importantes del país, tiene un proyecto inmobiliario para Chambacú, sitio local emblemático, con limitaciones urbanísticas por estar cerca al cordón amurallado.
Su cercanía a un monumento nacional implica que varias entidades tienen inherencia en qué se puede hacer ahí y qué no: Monumentos Nacionales y el Distrito son actores principales, pero no los únicos.
Mattos dijo a un medio nacional que se aburrió de que lo atacaran aquí y abandonará el proyecto. La discordia pública se centra en la altura y densidad permitidas; y en un puente entre Chambacú y El Cabrero que el empresario construiría y cuyo costo trocaría por impuestos futuros.
El puente que Mattos propone lo diseñaría un ingeniero de gran prestigio mundial y sería no solo una estructura para cruzar el agua, sino una obra de arte arquitectónica para la ciudad, con un gálibo que permitiría la navegación. Beneficiaría primero al proyecto, pero también le convendría a la movilidad local.
En otra ciudad, Mattos y la ciudadanía sabrían exactamente qué puede y qué no puede hacer allí y su solicitud y la de cualquier otro empresario sería aprobada o denegada de inmediato, sin tramitomanía, sin necesidad de consultar a terceros y cuartos, y sin controversias estériles.
Pero a estas alturas la ciudad aún no tiene aprobado su PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural) y la discrecionalidad -a veces acompañada de mañas- fisura varias partes de los procesos locales y del país, y todo proyecto en Cartagena es un viacrucis para los empresarios y para los funcionarios probos.
Como no hay reglas claras ni fijas, nada anda bien. Muchos de los procedimientos que hay sirven para ponerle retenes a los solicitantes. Las avivatadas cortoplacistas individuales reemplazan con mucha frecuencia a las medidas técnica y socialmente sólidas para la ciudad, y esas sí que le pondrían plata y bienestar en el bolsillo a las mayorías cartageneras, incluyendo a quienes hoy tratan de valorizar su influencia en las diversas instancias de la tramitomanía para llenar su bolsillo a costa del interés general.
Reiteramos la necesidad de que Cartagena se reinvente a sí misma, de que se abra un diálogo franco y público entre todos los sectores para superar una de las murallas más altas, anchas y fuertes que tiene la ciudad, que es la costumbre de oponerse a todo porque todo parece sospechoso.
Y como a veces lo es, los procesos públicos o los privados que tengan que ver con lo público, necesitan mucha luz y muchísimo menos misterio. La discrecionalidad exagerada, aun la que permite hacerle heridas al talud del Fuerte San Felipe, es el enemigo común.
Las ciudades necesitan la inversión privada legítima y Mattos, como cualquier otro empresario, merece una respuesta oportuna y justa.

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