Editorial


Cartagena sin agua

“Pero también un llamado para que la Alcaldía de Arjona asuma su responsabilidad frente a una comunidad que espera soluciones concretas”.

EL UNIVERSAL

07 de diciembre de 2021 12:00 AM

Insólita e inadmisible, por decir lo menos, resultó la parálisis en el suministro de agua potable en buena parte de la ciudad ayer, por cuenta de una protesta de habitantes del corregimiento de Puerto Badel, jurisdicción del municipio de Arjona.

Los protestantes se concentraron en la Estación Matriz de Dolores, la más importante del sistema de acueducto, en protesta por el mal estado de la vía principal que conduce a esa población, un asunto de competencia del alcalde de aquel municipio. La manifestación obligó a la interrupción forzosa del sistema de bombeo de agua cruda.

Es claro que, vista objetivamente, la conducta violenta de los protestantes, que provocó el abandono de las instalaciones por parte de los empleados de Acuacar en la Estación de Dolores, podría constituir el delito de Asonada, por el cual se sanciona con prisión de 16 a 36 meses a quienes en forma tumultuaria exijan violentamente de la autoridad, la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones.

Como aquí se ha dicho tantas veces, la protesta social pacífica es un derecho constitucional y, como tal, no puede ser criminalizada. Pero no goza de protección legal cuando se ejerce con violencia, pues excede el uso de los mecanismos previstos para tramitar las reclamaciones ciudadanas. La conducta de los protestantes no solo excedió ese derecho, sino que interrumpió a buena parte de la ciudad el suministro del más esencial de los servicios públicos domiciliarios. Se trata de un hecho extremadamente grave.

Por supuesto que una reacción natural a una posición inflexible contra los protestantes es la de connotar el estado de pobreza y abandono en que han vivido sus comunidades, máxime si consideramos que no se trató de una protesta contra el sistema político, sino por la ausencia de este; pero, como lo ha dicho la Corte Constitucional, lo que se sanciona no es la simple reunión o tumulto, sino la exigencia violenta.

No se trata entonces de criminalizar el ejercicio de uno de los derechos individuales y sociales más sagrados, como es el de protesta, sino de llevar las cosas a sus reales proporciones, porque ya es claro que no todo lo que se realice en el curso de una protesta es legítimo, y que hay actos que, siendo per se inadmisibles, como el de obstruir el flujo de agua potable a una población, implica la obligación de hacer valer el imperio de la ley con el respectivo control policial y la consecuente intervención del derecho penal.

El hecho de que los protestantes hayan esperado la intervención del Esmad para que se diera la restauración del servicio es síntoma de que la autoridad civil debe explicar a estos las graves consecuencias de su conducta, y de que no es necesario llevar las cosas a semejante extremo. Pero también un llamado para que la Alcaldía de Arjona asuma su responsabilidad frente a una comunidad que espera soluciones concretas.

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