No existe un mejor momento para que la ciudad recupere la senda del desarrollo urbanístico organizado y sostenible que el actual. Y no nos referimos a la pandemia. Es sobre lo que ocurre alrededor del debate, que debería estar aún más animado, en torno de la forma como hemos planificado o dejado planificar, urbanizar y construir a Cartagena.
Nos acostumbramos o fuimos complacientes con la cadena de errores nacidos de la descoordinación entre la ‘infinita’ cantidad de entes con competencias sobre el progreso y el crecimiento del hábitat cartagenero.
Esos desencuentros han animado, con permisos y licencias, la ejecución de proyectos polémicos, así como la construcción de edificaciones sin permisos aún sin contar. Y todo pasa en una ciudad cuyos barrios han acusado un crecimiento urbano con desprecio del orden y la seguridad, con el empleo de falsas licencias, en lugares prohibidos, sin planeación alguna o empleando bajos diseños y elementos de calidad, de cuya trágica huella tenemos ya un edificio caído con muertes, dolor y... remociones de funcionarios.
La incapacidad para expedir instrumentos elementales de planificación y desarrollo urbano como POT, PEMP, etcétera, resumen el fracaso de la ciudad y el desprestigio de una clase política de quinta categoría que no ha hecho sino hacerle daño, pues sólo los intereses creados pueden explicar la infinita incapacidad de ponernos de acuerdo en producir los necesarios instrumentos para acabar con la enorme inseguridad jurídica a la que nos han llevado, tal que en la práctica el sector de la construcción, cómplice por acción u omisión en todo esto, está paralizado a pesar del enorme potencial que tiene Cartagena para el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, por sus infinitas posibilidades, que son en su mayoría una gracia de la naturaleza, tan generosa pero tan castigada por residentes y visitantes.
Mientras que altos funcionarios locales y nacionales se zarandean en público, los espectadores tal vez se sentirían más tranquilos si todas las autoridades con competencia sobre la ciudad se sentaran a concertar al menos dos metas grandes: una, en cómo recuperar la seguridad jurídica para el sector de la construcción, desterrando los intereses mezquinos de avaros desde todos los sectores público y privado, que sólo piensan en enriquecer sus buches insaciables. Y dos, sincerarse en torno de lo que pasó con los más sonados casos urbanísticos, pues de la forma en que se comprendan tales asuntos puede abreviarse el camino del entendimiento en cuanto a cuáles son las causas que explican lo que estamos viviendo y cómo vamos a hacer para que no se repitan sus efectos.
Centrarse en comprender y discutir las normas de patrimonio versus las normas VIS, el papel que juega cada entidad en los trámites de aprobación de los proyectos, comenzando por el omnipresente Ministerio de Cultura, y priorizar la expedición de POT y PEMP para que los funcionarios restrinjan su capacidad de actuar en forma subjetiva.
El alcalde aún tiene la autoridad moral y legal para liderar semejantes retos.
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