Censo, a nueva revisión

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Rebatible la certificación del Dane en cuanto a que somos apenas 973.045 habitantes, cuando en sus propias proyecciones indicaron, hace ya varios años, que para 2017 Cartagena contaría con una población de al menos 1.024.882 personas.

No puede ser que seamos menos de un millón, cuando la información tomada del sistema de salud arroja que la sumatoria de quienes pertenecen al Sisbén y al Régimen Contributivo da más de un millón de habitantes.

Ni qué decir si se analiza las cifras de hogares que reciben servicios públicos domiciliarios o si se cruzan cifras de otros estudios con sumandos poblacionales.

Es más absurdo aún si tenemos en cuenta la constante migración desde otras regiones del país, y de municipios y veredas cercanos a Cartagena, por causas diversas; lo que se amplifica ahora que nos hemos convertido en recipiendarios de hermanos venezolanos que se radican aquí en busca de un mejor destino.

Pero es que, además, tenemos razones técnicas para dudar de la certeza de la cifra mencionada, por cuanto el mismo Dane admitió en su momento que hubo sectores de la ciudad que no se censaron, que en el país se calcularon más de 4 millones de omitidos, que por problemas de seguridad en algunos barrios o por dificultades para acceder a asentamientos informales o de negativa a censarse, no pocos hogares les hicieron el quite a los censadores contratados por aquella institución.

No es admisible que estemos condenados a esperar que al menos durante los próximos diez años mantengamos como población una cifra inferior al millón de habitantes, con todo lo que ello supone, cuando no existe claridad sobre la ortodoxia en la recolección de los datos, en la clasificación y en los resultados finales del trabajo hecho para aquel organismo.

Al conocer esta infortunada noticia cabe preguntare si al interior del Gobierno nacional tienen claro lo que significa para la ciudad no contar con la certificación de población por encima del millón; por ejemplo, en cuánto se disminuyen las transferencias de la Nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP), o lo recursos de Regalías, o los rubros para determinados programas, como los de construcción de vivienda de interés social, o de hospitales, entre otras infraestructuras sociales.

De la misma manera, frente a la gran duda que quedaría afincada si no se vuelve a revisar el tema, cómo confiar en las bases de cálculo para la adopción de políticas públicas, con lo cual, tal como lo mencionamos en otro editorial, la inequidad, la desigualdad y la pobreza reciben otro duro golpe.

Tanto el Dane como el Gobierno no pueden desconocer que Cartagena crece vertiginosamente, lo que no hace fácil aceptar una disminución de derechos por cuenta de un censo que no goza de la credibilidad necesaria para su acatamiento y observancia.

Nos unimos a la justa petición del alcalde Pereira en cuanto a que se acepte un proceso concertado de profunda revisión de los resultados anotados, con la participación de delegados de la Administración Distrital y de otras entidades conocedoras de la realidad local.

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