Por segunda vez, y contra toda la tradición cuajada en otros periodos en torno de las mociones de censura en el Concejo, otro miembro del gabinete distrital es obligado a la separación de su cargo.
En esta ocasión, pues en la primera fue contra el entonces secretario de Planeación Distrital, ahora le ha correspondido al de Participación Ciudadana, Armando Córdoba Julio, tras una votación que contó con 15 votos a favor, dos en contra y dos ausencias.
La mayoría que se expresó en la plenaria del Concejo sustentó la moción en la supuesta negligencia e irresponsabilidad del ahora exfuncionario en asuntos propios de su cargo, en especial en los relativos al Programa del Adulto Mayor.
El funcionario afectado con la extrema medida de control político arguyó ser sujeto de persecución política desde principios de 2020, y de discriminación racial, lo cual fue rechazado por concejales que se identifican con la etnia afro y que votaron por la censura, sustentando en que, una vez rendidos los descargos por Córdoba ante la plenaria edilicia quedó en “... evidencia la nula ejecución de las metas del plan de desarrollo... basada en los bajos indicadores de ejecución de los programas que son responsabilidad de la Secretaría...”.
Sin entrar a calificar esos argumentos, ni los del exsecretario Córdoba, quien afirmó que pese al poco recaudo por concepto de la estampilla Años Dorados, no paralizó su gestión y que sus acciones deben ser juzgadas en torno al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, el mensaje que queda en el ambiente es claro: el Concejo juzgará políticamente las ejecutorias de los altos dignatarios del gabinete distrital con el más exigente rasero, lo cual supondrá que los secretarios y directores de establecimientos agucen su diligencia y esfuerzos para cumplir sus funciones y las metas del Plan de Desarrollo vigente.
A diferencia de lo que ocurre con los servidores públicos de elección popular, los funcionarios designados por decreto no son juzgados por su ideología o por las convicciones que defiendan; estos son aquilatados por sus ejecutorias, singularmente las que tienen que ver con logros medibles.
Los funcionarios que quedan tendrían que observar lo que indican los manuales que definen sus funciones y las mediciones de las metas que se valoran conforme con los indicadores de los departamentos internos de planeación por despachos.
En estos tiempos, gran enemigo de los servidores públicos es la excesiva ideologización. Privilegiar posturas identitarias o exaltar determinadas convicciones o exacerbar conflictos de clase en la práctica aporta muy poco a la ejecución de los planes, programas y proyectos, que requieren no solo un fuerte liderazgo, sino también la capacidad de gestión o gerencia, de seguimiento y control, de medición de resultados, y de corregir en el camino.
Por supuesto, este capítulo aún no se ha cerrado.
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