El presidente Gustavo Petro anunció que próximamente dará información sobre el cese al fuego multilateral. Se entiende que será con los grupos y bandas criminales que expresaron al gobierno la voluntad de acogerse a su propuesta de “paz total”.
A pesar del hermetismo de esas negociaciones, se sabe que el cese al fuego perseguido involucraría a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia, con lo cual queda claro que no serán las típicas tratativas con el Ejecutivo, sino que implicará la participación activa de la Rama Judicial y la Fiscalía, todo dirigido a desmantelar organizaciones criminales.
Tales negociaciones solo serán posibles si son precedidas del cese de hostilidades, asesinatos y demás actos equivalentes, y se denomina multilateral porque implicará la participación de una pluralidad de organizaciones criminales; hasta ahora serían 22 las que han manifestado su voluntad de negociar con el Gobierno.
El presidente Petro, a cambio de ese cese al fuego, ha ofrecido que el Estado suspenderá el uso de la fuerza para evitar la confrontación armada. Semejante reto, que no supone el fin de los negocios ilícitos, sino una de sus facetas más horribles, como el asesinato y la intimidación a las comunidades, si se llega a lograr, significaría un avance remarcable en el propósito de convivencia que la “paz total” quiere alcanzar.
Como se dijo en anterior editorial, hay que apoyar al Gobierno en este intento audaz, con la esperanza de que este inédito proceso no conlleve el surgimiento de males mayores, como sería el paso definitivo a la connivencia con una delincuencia activa que extienda sus agresiones y amenazas a más ámbitos de la vida en comunidad.
Como se trata de un experimento arriesgado, sería un error inexcusable no tener en cuenta las dolorosas experiencias de diálogos de paz pasados. Diseñar muy bien reglas claras del proceso con un cronograma de compromisos y metas, con primacía de los intereses de las víctimas y las poblaciones afectadas, y hacerse acompañar de la comunidad internacional pues, sin esta, no tendrá legitimidad eso de negociar paz con delincuencia organizada.
Al vacío de poder estatal en las zonas rurales más martirizadas por las bandas, se les han sumado aquellas ciudades sin alcaldes con capacidades para confrontar los crecientes fenómenos de inseguridad urbana. Esto va a hacer más difícil identificar a los voceros auténticos de aquellas, que participarán en este arduo proceso, así como implementar el desmantelamiento efectivo de los grupos armados de cara a las comunidades, para garantizar su real protección.
No es fácil que en estas se entienda como legítimo negociar la seguridad con fieros delincuentes; pero más aún que estos dejen los negocios criminales o que no broten nuevos jefes mafiosos. De todos los retos, estos dos serán los más difíciles de enervar.
Comentarios ()