Cholón I

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Dolorosa, trágica e impresionante la muerte de Valentina González Medina, una joven barranquillera que, a pocos días de graduarse como psicóloga, dejó sus últimos alientos en las aguas de Cholón.

Algunas personas, en cadenas de redes digitales que no se hicieron esperar, comentaron que estábamos mirando una tragedia anunciada y que, tal vez, el milagro había sido que allí un accidente fatal no hubiera ocurrido antes.

Aunque aún no se conocen los pormenores del suceso, es propicio para referirse a la realidad que se vive en las playas de Cholón, que por años fungieron como esquina de un paraíso natural, incluso cuando el turismo por mar ya había fondeado en sus hermosas orillas y deleitado de los manjares que dispensa el Caribe, provistos de la pesca y la culinaria exquisitas de raizales que nunca fueron acompañados en serio por el Estado para guiarlos en una ruta segura de atención a turistas locales y visitantes, con lo cual se fue degradando ante nuestros ojos impávidos, hasta convertirse en tierra sin ley.

Cholón es otra muestra de cómo la informalidad es el signo que identifica una visión del desarrollo en el que no cuentan ni el Gobierno ni la disciplina ni la planeación estratégica. Lo despreocupado se confunde con lo auténtico, como si la atención del público pudiera ser un compartimiento estanco en el que no caben autoridad, vigilancia y control aun cuando quienes brinden sus servicios sean nativos o raizales.

Es más fácil esconderse en normas que protegen la identidad cultural de las minorías para quitarse la carga obligatoria de la presencia Oficial, que regular la inevitable llegada de foráneos en busca de los paraísos naturales y el consecuente daño de la identidad cultural que las normas sobre grupos étnicos procuran proteger.

Se produce entonces una complicidad entre el Estado indolente (que suele gastarle más tiempo y recursos a aquello que granjea los intereses de quienes se le acerquen), y poblaciones étnicas históricamente abandonadas a su suerte, que prefieren la improvisación y la informalidad, con tal de mantener jurídicamente distante a un régimen en el que no creen, para que los brazos incordiosos de la burocracia no dañen el microsistema que da para pancomer, pero que también insufla cadenas de enriquecimiento muchas veces ilegales -y en manos de terceros, regularmente foráneos-, que se aprovechan de los nativos, pues éstos se conforman con las migajas mientras aquellos se quedan con las talegas.

Si tal vez la imprudencia o la impericia fueron las causas eficientes del infausto accidente, las faltas de planeación endémica y de control también pueden jugar un papel en previsibles sucesos en Cholón. Y tiene que ver con una estructura absurda del Estado, pues en Barú confluyen tantas autoridades y tantas competencias, que ninguna termina haciendo bien lo que debe.

Como no cabe culpar de la tragedia a su víctima, y no sabemos el grado de responsabilidad de quien capitaneaba la embarcación desde la que también se vive semejante infortunio, huelga preguntarse si, por falla en el servicio, al Estado le cabe culpa; y si, en tal caso, de cuál de las instituciones que le representan.

El espacio de este editorial no da para concluir el tema, que seguiremos mañana.

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