A los congresistas hay temas que nos les gustan. Por ejemplo, los proyectos que se refieren a castigos a la corrupción. Pero no son los únicos.
Votamos para elegir parlamentarios especialmente para que discutan y normen los aspectos más sensibles de la vida en convivencia. Les delegamos la decisión sobre esos asuntos porque entendemos que tocan muchas fibras y se requiere de escenarios que, como los salones elípticos, son vigilados por periodistas, electores y espectadores recurrentes.
Temas como los derechos de las parejas del mismo sexo, la dosis mínima personal, la adopción por parejas homosexuales, la eutanasia, el aborto, la reforma a la justicia, la reforma pensional, en fin, todo un catálogo de cuestiones que despiertan álgidas discusiones y que se suscitan con regularidad en todos los ambientes, no han sido resueltos en el Congreso.
Como es de público conocimiento, la mayoría de esos temas de hondo calado social han sido abordados por la Corte Constitucional, la cual ha sustituido al parlamento en el grave deber de otorgar los derechos e imponer los deberes y los límites en cada uno de esos aspectos, sin que goce de la legitimidad que confiere la delegación de la voluntad popular, que por tradición republicana, naturalmente deberían encarnarla aquellos que son revestidos del voto electoral.
Nuestros congresistas ven pasar por sus narices esos temas y, contrario a lo que pudiera pensarse, cuando la Corte Constitucional los asume, en vez de causarles escozor, nuestros senadores y representantes lo celebran porque sienten que se les ha quitado un peso de encima. Esto, obviamente, no es más que una claudicación de los deberes, deseada, provocada y consentida.
Cuando a la Corte Constitucional y a otras instancias jurisdiccionales se les sindica de imponer las normas generales, no por origen parlamentario, sino a través de sus providencias, en lo que se ha llamado el gobierno de los jueces, normalmente no se ve que ese defecto de formación de las reglas con alcance “erga omnes” o frente a todos, no es precisamente un abuso de poder de los altos estrados judiciales, sino la consecuencia de la renuncia del Congreso a ofrecer las leyes que, tras las consabidas discusiones, expresen el sentir de la nación.
Algo así ha ocurrido con el fracaso en la aprobación de la ley anticorrupción, que estaba dirigida precisamente a sancionar a todos aquellos abusadores que, por razones de orden electoral, legal o contractual, rondan puniblemente los presupuestos oficiales. Aun cuando los parlamentarios han sugerido que no hubo tiempo para sacar adelante la etapa final de conciliación de los textos que se modificaron en ambas cámaras, lo cierto es que sí hubo tiempo para expedir, sin aparente mermelada, leyes que generaron agrios debates, como la prohibición del asbesto, o la reforma al sector de las TIC, el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras.
No nos llamemos a engaños: si no hay una profunda presión política, gremial y social, que lidere con enjundia y franca determinación el presidente de la República, seguiremos bajo el gobierno consentido de los jueces.
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