Conductas repudiables

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Hace una semana el presidente Iván Duque Márquez y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron que habrá sanciones contra las personas que especulen o acaparen productos básicos durante el aislamiento obligatorio que comenzó el 24 de marzo y que, por el momento, se extiende hasta el 13 de abril.

El compromiso del Gobierno es garantizar las cadenas de abastecimiento, para lo cual varias agencias del Estado, con el acompañamiento de la Fiscalía, se obligaron a iniciar una cacería para sancionar a quienes especulen o acaparen bienes o artículos necesarios para los ciudadanos, singularmente, productos para el hogar, alimentos, medicinas y elementos de protección y cuidado contra el contagio del COVID-19.

En los últimos días hemos podido apreciar muestras encomiables de solidaridad. Sin embargo, al lado de esas expresiones de gentes que se salen de sus preocupaciones personales para volcarse a paliar las de sus prójimos, también hay personas que solo ven oportunidades oprobiosas de aprovecharse de la necesidad y miedos de los demás, para su mezquino y condenatorio beneficio.

Es que, a pesar de que esta pandemia nos toca a todos, sin excepciones, aún existen avivatos que desoyen los llamados a la decencia, con lo cual continúan las quejas por actos que desdicen de la lealtad que se espera de quienes pertenecen a la cadena de distribución y venta de productos sensibles para las familias, o de aquellos destinados a protegerse o proteger a los demás del contagio del coronavirus.

Aunque es evidente que la gran mayoría de tiendas, mercados, droguerías y almacenes pequeños, medianos y grandes superficies están realizando una labor laudable, mostrando cada día una honorable comprensión del momento histórico que vivimos, proveyendo a clientes y consumidores los bienes de primera necesidad a precios justos o razonables, es indispensable que las autoridades afinen sus canales de información para detectar y detener a una minoría de comerciantes que elevan artificialmente el precio de bienes de uso o de consumo que, por cierto, aún abundan en el mercado, y que no tendrían por qué venderse con precios injustamente onerosos.

No tenemos muchas noticias de resultados de operaciones de investigación y seguimientos de comerciantes formales o informales que estén cometiendo tales conductas punibles, con lo cual conviene saber cómo se están moviendo los equipos de reacción inmediata que ordenó conformar el fiscal general, Francisco Barbosa, destinado a judicializar a quienes saquen provecho económico indebido de la situación calamitosa por la que atravesamos.

Para ello, también es necesario que la ciudadanía se atreva a denunciar conductas que supongan la especulación y el acaparamiento. Así mismo, acogemos la propuesta del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, para que se decrete la extinción de dominio de aquellos establecimientos comerciales que infrinjan las normas y, singularmente, a quienes especulen con los insumos médicos.

Conviene que muy pronto se revelen los primeros resultados de esos operativos.

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