Control urbanístico

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Ayer la Alcaldía anunció una alianza con la Procuraduría General de la Nación para controlar la corrupción de los inversionistas ilegales y sus calanchines al mejorar los controles urbanísticos mediante el llamado Plan de Normalización Urbanística, que consiste en el “control ciudadano instantáneo y legitimidad institucional”, mediante el cual cualquiera puede consultar el sistema Midas para saber si una obra tiene licencia y si no la tiene, la puede denunciar; habrá un “cuerpo elite” interdisciplinario que examinará las construcciones en la ciudad por sectores y de manera metódica para determinar cuáles tienen o no tienen licencias vigentes; habrá un “diagnóstico patológico” para los edificios que ya fueron levantados y que podrían estar mal construidos, algunos de los cuales tendrían arreglo y otros no; habrá “inspectores barriales” capacitados por la Dirección de Control Urbano; se fortalecerán las inspecciones y comisarías de familia; y se vincularán entidades estatales, distritales y privadas adicionales a este control indispensable del urbanismo en Cartagena.

También se sabe ya, según dijo antier el alcalde Londoño Zurek,  que los barrios con mayor descontrol urbanístico son El Bosque, Blas de Lezo, El Recreo, Los Caracoles, el Alto Bosque y Ternera.

Es indispensable que esta campaña sea en verdad metódica y permanente para que dé resultados, y a nuestra manera de ver, tiene dos componentes principales: el inventario exacto de los edificios ilegales que hay ahora, bien y mal construidos, para actuar sobre estos según sus características; y luego evitar que esta ola de ilegalidad urbanística siga funcionando, para que de aquí en adelante haya un corte de cuentas claro y todo proyecto sea legal y bien construido.

También vale la pena que los entes de control mencionados se fijen en muchas urbanizaciones cerradas construidas en distintas zonas de la ciudad, incluidos estratos altos, para asegurarse que los dueños de casas allí no les estén haciendo adiciones de manera arbitraria y abusiva contra el reglamento de la urbanización y sobre todo, contra sus vecinos, y con la complicidad de autoridades venales.

En esta tragedia que es la urbanización ilegal los más perjudicados son los compradores de buena fe de las viviendas, especialmente si el estudio patológico determina que deben ser abandonadas, con lo que muchas de estas personas habrán perdido los ahorros de toda la vida. Por lo pronto las medidas tomadas deberían ser política de estado para que no puedan ser relajadas por futuras administraciones. No se puede ceder el terreno ganado. 

 

 

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