El Gobierno nacional tiene sus apuestas en la transición energética para reemplazar el petróleo y sus derivados, y el gas. Y en principio está bien, porque es un empeño en el que viene trabajando el país desde hace lustros.

Prueba de ello es que estamos entre los primeros países del mundo en avanzar en la transición energética y el primer lugar en Latinoamérica.

Pero los hechos están demostrando que nos tomaremos muchos años en lograr la soñada transición, con lo cual el objetivo del actual Gobierno pudiera ser, en la práctica, una quimera.

Desde hace meses venimos denunciando en nuestras páginas, con noticias, editoriales y columnas de opinión de nuestros colaboradores, las enormes dificultades, obstáculos y murallas contra las que se estrellan proyectos de energías solar y eólica en nuestro territorio. Ni la UPME ni otras instituciones que conforman el sector público parecen interesados en que salgan adelante y comiencen a generar, lo más pronto posible, los megavatios (MW) que prometen.

Pero, además de esas barreras regulatorias y burocráticas, otro factor que golpea las posibilidades de que el país vaya desplazando las fuentes tradicionales por las renovables, es el relacionamiento de esas empresas con las comunidades.

El anuncio que ayer hizo Enel Colombia, de suspender indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi en La Guajira tras agotar todas las instancias corporativas, para la solución de los conflictos con las comunidades vecinas es una prueba concreta de lo lejos que estamos de incorporar los suficientes MW para enfrentar el fenómeno de El Niño y la reducción de la energía de fuentes fósiles.

Si hay empresarios que se la juegan por invertir en ese propósito nacional de acelerar la transición energética, el mensaje que en la práctica estamos ofreciendo es que no es viable la construcción de estos parques, en los sitios donde el mismo Gobierno ha señalado como adecuados para instalarlos.

Con esa suspensión indefinida se va a la caneca un componente importante del plan de transición energética del país y más de 300 empleos, 50% de los cuales eran para residentes de Uribia y Maicao.

Esta suspensión no puede verse como un hecho aislado. Muestra, por el contrario, la inestabilidad concreta que representa el relacionamiento con las comunidades raizales o ancestrales, para el futuro de las energías limpias de cara al interés que pueden tener los inversionistas en el país.

Pero también es un llamado a la ministra de Minas para que revise la absurda determinación de suspender la exploración, sabiendo como ya sabe, que mientras los hogares, los automóviles y buses limpios necesiten gas natural para operar, necesitamos asegurar su abastecimiento, lo que se frustra inexcusablemente con la limitación de la exploración.

No es cierto que tengamos gas suficiente; siete años no son nada en materia de seguridad energética.