Es absurdo que en el marco de una celebración religiosa de tan honda tradición como las de la advocación a la Virgen del Carmen, haya terminado en tragedia, daño y asonada.
El Carmen de Bolívar, que desde el 15 de julio de 1906 ha festejado en paz y alegría la llegada de la imagen que de la Virgen provino desde Barcelona, España, vio la noche de este martes cómo los lugareños pasaron de conjugar sus expresiones de devoción con la iluminación de las célebres antorchas y de las pelotas de fique o tela que se patean en los parques y plazas, a las violentas acciones de una horda de desadaptados que no tienen ni idea de lo que celebran ni respetan los valores que esas tradiciones significan para los creyentes.
El resultado del vandalismo, que pasó de las simples pilatunas juveniles a la comisión de diversos hechos punibles, es la muerte del joven de 19 años, Jesús López Ibáñez, varios heridos, incluidos dos policías, tres entidades bancarias saqueadas y la estación de Policía averiada.
Aun cuando algunas personas han señalado que los agresores son apenas jóvenes en riesgo, es mejor llamar las cosas por su nombre: se trata de verdaderos delincuentes que deben ser judicializados pues no puede quedar ni en El Carmen de Bolívar ni en los municipios vecinos, la sensación de que cuando esta clase de conductas son realizadas por jóvenes, incluso algunos de altos estratos sociales, merecen un tratamiento privilegiado o especial.
Es indispensable que haya un mensaje claro, estas conductas son inadmisibles en la vida en sociedad; que no tienen excusa, pues si no se adoptan medidas ejemplarizantes, el saldo de dolor, daño y muerte puede crecer en las siguientes celebraciones sociales, cívicas o religiosas que impliquen una alta participación popular.
A no dudarlo, la comunidad recibe con beneplácito la orden de suspensión dada por la Gobernación y las demás autoridades civiles y de policía, de la tradicional quema de bolas de candela, la cabalgata y una fiesta privada, con lo cual el resto de las celebraciones serán estrictamente religiosas.
Pero hay que ir más allá. Es necesario reconocer que tras lo ocurrido se revela un progresivo estado de descomposición de la juventud en nuestros municipios, y que, si la base de ese deterioro es la desintegración de la familia y la relajación en el deber de formar de manera responsable a los hijos, la mecha que prende ese malestar social es el narcotráfico.
Se ha sostenido que el microtráfico penetró nuestros municipios, pueblos y veredas. Pero cuando se ve hasta dónde ha llegado esa capacidad de destrucción del futuro de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se comprende que no estamos ya en el estadio del microtráfico.
Si desde Cantagallo hasta Santa Catalina, de Turbaco a Norosí, o desde El Guamo a Simití, la droga se pasea entre los jóvenes con relativa facilidad, no puede decirse que es un negocio micro. Es clarísimo que las garras del narcotráfico han ganado un terreno que no alcanzamos a dimensionar desde Cartagena. Otro duro reto que afrontar, que nos implica a todos.
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