La operación “La Heroica” Fase I, llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, destapó presuntos actos de corrupción en la administración del suspendido alcalde Manolo Duque, según esa entidad.
El Juez Cuarto Penal de Control de Garantías, José Luis Robles, tomó una decisión judicial sin precedentes en la política cartagenera al enviar preventivamente a la cárcel al alcalde Manolo Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora distrital Nubia Fontalvo, y aunque está claro que para todos es una medida momentánea mientras prosigue el juicio, ya que el próximo martes, a las dos de la tarde, los abogados de la defensa apelarán esta decisión y la revisará un juez de segunda instancia, el funcionario judicial consideró que los delitos de cada cual sí estaban tipificados. El juez Robles determinó que Manolo Duque y Jorge Useche, como funcionarios, irán a la cárcel de Sabanalarga, Atlántico; la contralora irá a la cárcel local de San Diego; y José Julián Vásquez irá a la cárcel de Ternera.
Basado en las grabaciones telefónicas, el juez cree que hubo “un pacto” para hacerse a la Contraloría. Dijo el juez Robles que “(...) hay un peligro latente para la comunidad con respecto a estas personas (...)”; que “(...) todo esto ha fomentado la corrupción en nuestro sistema político (...)”; y que “(...) hubo un acuerdo perverso (...)”, entre otras opiniones emitidas por el togado. Los cargos imputados fueron tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer y usurpación de funciones públicas.
Aunque los vericuetos legales en este caso y en muchos otros son casi incomprensibles para la mayoría de las personas, salvo para los abogados, el sentido común al escuchar las grabaciones, sumada a las opiniones del juez Robles, hacen intuir la gravedad de los hechos que han sucedido, y desnudan la desfachatez de algunos funcionarios al hablar de lo público, que en muchas de esas grabaciones no solo parece no serlo, sino que algunos usan un tono de dueños indiscutibles de los bienes colectivos.
Independientemente de los resultados legales finales de estos hechos que determinará el sistema judicial, como debe ser en un estado de derecho, queda claro que necesitamos una pedagogía acerca de las responsabilidades de los ciudadanos en una democracia para elegir mejor.
De todas maneras la gravedad de todo lo sucedido hasta ahora sugiere que la política local nunca será la misma y que inevitablemente tendrá que dar un giro radical hacia su depuración.
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