Editorial


Despenalización total del aborto

“Ninguna mujer debería estar en riesgo por no querer llevar a término un embarazo; pero la solución no es el aborto per se, habiendo otros caminos que representen...”.

La discusión sobre el aborto tiene múltiples perspectivas; pero, de todas, las que más peso han tenido en el debate público son las que menos favorecen una resolución de fondo en lo judicial; esto es, las ideológicas y las religiosas.

Frente a la proximidad de la definición que, por cuenta de conjueces que deben desempatar las dos posiciones que el pasado jueves quedaron patentes en la Corte Constitucional sobre la despenalización total del aborto, no debería ser que las tendencias subjetivas sean el fiel por el cual se decante un debate que tiene tan hondas repercusiones personales y sociales; o sea, humanas. Porque a todos interesa qué se hace o qué ocurre con un embrión cuya vocación es equivalente a la de quienes tienen el potencial de leer este comentario: convertirse en persona.

Puede ser una mirada recortada suponer que la decisión de si una criatura nace o no, sólo compete a quien la lleva en su seno. Si ideológicamente esto tiene un soporte en las tesis que lo defienden como un asunto de equidad de género, libre desarrollo de la personalidad, derechos reproductivos y dignidad de las mujeres, entre otros fundamentos respetables, no puede perderse de vista que, salvo en las tres excepciones vigentes en Colombia, la Corte ha considerado que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de protección legal efectivo fincado en el carácter fundamental del derecho a la vida, con lo cual debe restringirse cualquier posibilidad permisiva de actos que estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres todavía no nacidos que, por su estado de indefensión manifiesto, requieren de especial amparo.

Y aunque también es comprensible la tesis que sostiene que es la pareja la que debe decidir quién nace o no, la gestación genera un ser existencialmente distinto de sus progenitores, cuya conservación y desarrollo no puede quedar sometido a la libre decisión de estos, pues incluso ante la existencia de la norma constitucional que señala que la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, dicha autonomía y el ejercicio de ese derecho, tal como lo ha defendido la Corte, debe compatibilizarse con la protección de la vida humana.

A las mujeres no se les puede perseguir por no querer tener hijos, pues es una renuncia personal; y ninguna mujer debería estar en riesgo por no querer llevar a término un embarazo; pero la solución no es el aborto per se, habiendo otros caminos que representen menos que la disposición de la vida del que tiene vocación de ser persona.

Es reprochable que a estas alturas del debate no exista un sistema de bienestar que desarrolle la protección legal del derecho a la vida del que está por nacer, y que a su vez proteja los derechos de su madre y de la familia que lo acoge, incluso por medio de la adopción, sin que la amarga solución sean o el aborto o su penalización.

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