Doble instancia

23 de mayo de 2020 12:00 AM

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La Sala Plena de la Corte Constitucional, por estrecho margen de votos, reconoció el derecho a la doble instancia de Andrés Felipe Arias, condenado en 2014 a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, en respuesta a una tutela dirigida a que otro operador judicial revise la sentencia dictada en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, luego de la reforma que a principios de 2018 creó más salas en ésta para atender recursos de apelación que interpongan los aforados, lo que antes se les negaba en evidente contradicción con derechos reconocidos en la Constitución Política y el Derecho Internacional, al punto que ya el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había solicitado al Estado garantizar una segunda instancia a Arias.

Independientemente de que con la tutela mencionada se abrirá un boquete para que decenas de aforados condenados con única instancia opten por esta vía y que, además, pudiera aupar el alegato del uribismo de que supuestamente en contra de Arias hubo persecución por vía de activismo político judicial, no ha sentado bien el errático y desconcertante pronunciamiento público que, a través de un boletín de prensa, ha hecho la Corte Suprema de Justicia, a la sazón, autoridad de inferior jerarquía que aquella en asuntos constitucionales.

En efecto, si una de las batallas de los uribistas ha sido procurar demostrar que ‘Uribito’, como se le conocía en el argot político, fue un perseguido político condenado por magistrados supuestamente politizados, muy flaco servicio le presta la Suprema a la majestad de la justicia al cuestionar públicamente a la Constitucional, pues pone pésimo ejemplo justamente de lo que ha criticado en el pasado de otros agentes del Estado.

Si lo que ha reconocido la Constitucional es el derecho fundamental de la doble instancia a un ciudadano, sea quien fuere, no tiene sentido el mensaje de la Suprema, pues sus magistrados se ponen en riesgo de ser descalificados por algunos sectores de opinión –que es eso precisamente lo que buscan– para procurar recusaciones que les aparte de un proceso en el cual hay suficiente validación nacional en torno de que sí procedía la condena, siendo que prácticamente lo único que se cuestionó en su momento fue la graduación de una pena con periodo de prisión excesivo al compararla con condenas dictadas contra otros sentenciados por delitos más graves.

Los magistrados de la Suprema están llamados a guardar fina prudencia en un proceso que ha sido políticamente sensible, como pocos. No puede ser que por una ligereza animen especies fantasiosas sobre absurdas teorías conspirativas fincadas en que en procesos prominentes no sería la aplicación del derecho lo que prima, sino la observancia a los dictados externos de jefaturas que manejen los hilos del poder judicial por fuera de los esquemas reglamentarios.

Por lo mismo, la Suprema no puede olvidar que es poco todo esfuerzo que se haga para restituirle la absoluta credibilidad a una Rama del poder público que lo necesita. Si en este asunto no obra así, el reclamo de que magistrados ad-hoc se ocupen del caso no se hará esperar.

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