La caída del edificio Space, en Medellín, el 12 de octubre de 2013, con 12 muertos; y luego la del muchísimo más pequeño e inconcluso Portales de Blas de Lezo II, en Cartagena, el 27 de abril de 2017, con 21 muertos y 23 heridos, ha destapado la punta del iceberg de las construcciones irregulares en el país, bien sea porque no tienen los permisos en regla, porque no están bien diseñados y construidos, o por ambas cosas, que fue el caso del segundo que se cayó.
Es claro que en una parte considerable de la construcción existe una red anómala, bien sea por omisión o por comisión (quizá literalmente), que ha hecho de la actividad una manera descarada de obtener dinero a costas de la seguridad de los inquilinos y también de su peculio, porque según declaraciones del ministro de Vivienda, los dueños de propiedades irregulares están desprotegidos.
También se debe esclarecer cómo y por qué algunas entidades de crédito, que suelen ser tan meticulosas y minuciosas con las vidas comerciales de sus clientes antes de prestar dinero, lo hicieron sin estar seguras de que las propiedades cumplieran con todos los requisitos.
La caída del puente de Chirajara, en el corazón del ‘Virreinato’ ( y la necesidad de demoler otro de sus tramos), en la vía entre Bogotá y Villavicencio, demuestra que la epidemia de la ingeniería posiblemente amañada estaría más regada en el país de lo que cualquier persona podría imaginarse y podría haber aflorado en una obra importantísima para Colombia y para su centro de poder.
Ya no es tan fácil achacarle estos descalabros irregulares solo a algunos avivatos de la periferia, de la ‘provincia’, que es lo cómodo para el centralismo, sino que lo sufren en la gran ingeniería andina. Sobra decir que allá, como aquí, hay una mayoría de profesionales idóneos y éticos, pero es obvio que el problema es nacional y debe ser abordado así, además de en las localidades.
En Cartagena convendría hacer una especie de ‘fuerza de tarea’ para barrer las edificaciones recientes de todos los barrios y hacer así un inventario de lo legal y lo ilegal, lo seguro y lo inseguro, y además quitarle la enorme discrecionalidad a ciertos funcionarios, cuya negligencia o complicidad, cualquiera que sea el caso, no tiene mayores consecuencias. Este problema se debe enfrentar y resolver aquí y en todo el país.
Nota: Nuestra solidaridad con las familias de los policías y vigilantes asesinados en Barranquilla en primer lugar, y luego con la propia ciudad. Ojalá que los culpables sean llevados pronto a la Justicia.
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