La discusión sobre el aborto tiene múltiples enfoques; pero, de todos, los que menos facilitan la discusión son, infortunadamente, los que más peso parecen tener en el debate actual, que son los ideológicos -predilectos en las altas cortes-, y los religiosos -que tanto rechazo les provoca-.
Y es infortunado porque las tendencias políticas e ideológicas, o las creencias religiosas, suelen alejar en extremo las posturas de los participantes, impidiendo ese diálogo enriquecedor que permite al menos que cada parte pueda ver las perspectivas de la otra sin infructuosos apasionamientos.
Ni la ideología ni las creencias religiosas pueden ser el fiel por el cual se decante un debate que tiene tan hondas repercusiones personales y sociales; esto es, humanas. Porque a todos interesa qué se hace o qué ocurre con un embrión cuya vocación es convertirse, una vez separado del vientre materno, en una persona natural. Limitarlo, por eso, a un debate del orden estrictamente jurídico, que es el escenario de la Corte Constitucional, restringe la mirada moral, ética, de salubridad y económica, tanto desde la mujer que emplea métodos de contracepción, como la que está embarazada, desea parir, o no desea hacerlo, y lo que pasa después de que da a luz o se practica un aborto; así como el papel que juega el hombre que cooperó en la concepción, y el que le compete al Estado como dispensador de servicios de salud a mujeres antes, durante y después del embarazo.
No es entonces aconsejable que sea la Corte quien defina la suerte de un acto que despierta tantas reacciones y antagonismos en el común de la gente, y que debería deferirse al Congreso de la República, no solo porque es el órgano llamado por la Constitución a fijar la definición de las conductas punibles, precisamente porque goza de representatividad popular, sino porque las posibilidades de una más amplia participación se multiplican en un escenario adecuado para ello, máxime cuando ya está claro que nadie considera el aborto como intrínsecamente bueno o absolutamente malo en todas las circunstancias factibles. Así mismo, sacar ese debate del ámbito penal, pues tiene que ver con mucho más que esa rama del derecho, es algo que solo se garantiza en las comisiones y plenarias del parlamento.
No para pocos ciudadanos pudiera ser una afrenta que la Corte, llamada como está a pronunciarse sobre el tema en los próximos días, libere aún más las tres causales ya admitidas en Colombia, especialmente para aquellos casos donde la criatura tiene todo el potencial de prorrumpir con subsistencia propia, como pasa a partir de la semana 24 de gestación, y hay casos en que antes, cuando la viabilidad autónoma de un ser humano permite al nasciturus no depender de la madre gestante, por lo que la vida e integridad del no nacido deben ser ampliamente protegidas.
Urge entonces que el Congreso asuma su responsabilidad sustancial de debatir y darnos un estatuto que contemple las distintas variables y aproximaciones a un tema que despierta tanta sensibilidad en los colombianos, sin sesgos dogmáticos o partidistas.
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