Editorial


El ansiado mar

“La clave es revisar sin remilgos qué establecimientos están invadiendo las playas sin contar con permisos de construcción u ocupación (...)”.

EL UNIVERSAL

20 de septiembre de 2020 12:00 AM

La alcaldía ha anunciado que avanza en la implementación del piloto de playas que se desarrollará en una pequeña porción de Bocagrande y en Playa Azul, en La Boquilla, los primeros días de octubre; igualmente, que otros sectores se irán autorizando, dependiendo del cuidado y comportamiento de los ciudadanos.

Desde esta tribuna hemos iterado en que la reapertura de playas se dé sin la confusión interiorana en cuanto a que no puede haber baño de mar sin explotación comercial. Parece que se impuso la tesis andina y no será posible tomar el baño entre semana hasta tanto las playas estén listas para recibir a los tradicionales visitantes de los fines de semana. La concepción evidente es que la población menor que disfruta de los beneficios del mar entre semana, regularmente para ejercitarse o esparcirse en periodos breves sin miras al consumo de licor, alimentos y otros servicios mercantiles, carece de ese derecho, siendo privilegiado el bañista que sí va a consumir bienes mercantiles, como si ambas manifestaciones de aproximaciones al mar no fueran compatibles. El Distrito nos debe una explicación al respecto.

Pero el uso de playas tiene otra arista aún más delicada, y es la relativa a las que pueden disfrutarse en la zona insular. Recientemente informamos que, tras la larga cuarentena y sin ingresos, los nativos y comerciantes que viven del turismo en esas áreas del Distrito ruegan porque cesen las restricciones en las islas y sus balnearios. No hay autorización para el servicio hotelero y el desembarque de cualquier nave con fines turísticos, recreativos y culturales en Barú, Tierrabomba y sus corregimientos, las Islas del Rosario, y las distantes que conforman los islotes de San Bernardo.

Como la situación económica en esas comunidades y de los empresarios formales e informales es insostenible, necesario es razonar sobre una fórmula que permita cierto grado de apertura, considerando que las restricciones han procurado mantener a los nativos protegidos, principalmente porque la red hospitalaria en estos poblados es o deficiente o inexistente.

La clave es revisar sin remilgos qué establecimientos están invadiendo las playas sin contar con permisos de construcción u ocupación de espacio público o confianza legítima; qué construcciones se han levantado al borde del mar; cuáles están reseñadas por la Superintendencia de Industria y Comercio como ilegítimas; cuáles están en manos de extranjeros bajo el ropaje de nativos miembros de consejos comunitarios; y cuáles se han levantado con burla a la tutela de la Corte, todas las cuales deben diferenciarse de las autorizadas a los empresarios formales e informales, y especialmente a los verdaderos raizales, merecedores de la protección y apoyo del Estado, que se quejan porque deben competir con los avivatos que les restan legitimidad y los doblegan con una competencia desleal ante la debilidad financiera de ellos.

Entre tanto, volcarse con suficiente apoyo alimentario y otros recursos es lo mínimo que debe hacerse mientras se terminan de organizar las playas en la zona insular.

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