El caso Arias

15 de julio de 2019 12:00 AM

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El caso Arias es otra prueba del daño que le hacen las ideologías y los intereses políticos a la verdad, a la justicia y a la legitimidad democrática.

Andrés Felipe Arias Leiva asignó cuantiosas sumas del erario a un grupo de destacados empresarios del campo, con la celebración irregular de contratos ejecutados por el IICA. ¿Quién en Colombia pone en duda que procedían tanto investigación como sanción?

Pues la condena que recibió Arias Leiva está cargada de furia y pasión, y no precisamente de la diosa Temis –que no juzga con ira, pero sí con imparcialidad–, sino de los amigos y los enemigos de Álvaro Uribe Vélez.

Para los primeros Arias es inocente o, al menos, recibió una pena muy superior a la de cualquiera de los pares que han sido juzgados por hechos similares o equivalentes. Para los otros, tal vez lo mejor habría sido que lo llevaran arrastrado al cadalso ante la vista colérica de su jefe político.

Y así se movió el país durante el proceso de investigación y condena que cursó en la Corte Suprema de Justicia, justamente en la época en que esa entidad estaba signada por juzgadores que hoy son señalados como miembros del cartel de la toga y que, ya a lo lejos, hicieron parte de un sistema judicial que hoy se percibe como el más importante partido de oposición que tuvo el gobierno de Uribe Vélez.

No olvidemos que hasta los más enconados medios antagonistas del gobierno de la “seguridad democrática”, señalaron el exceso en la pena aplicada a Arias frente a otros penados por hechos equivalentes o, incluso, más graves, en la medida que éste no recibió un peso de los beneficiarios de los créditos, como así lo han ratificado autoridades nacionales y de Estados Unidos. ¿Si ‘Uribito’ no hubiera sido el alter ego de Uribe, habría recibido similar condena?

Cuando en buena parte de la población hay la sensación que la justicia se politiza y los procesos judiciales se usan para apabullar a los contradictores, pierde la majestad que es necesaria a la justicia para lograr no sólo el acatamiento formal a sus decisiones, sino también para merecerse la calificación de respetable desde las apreciaciones subjetivas de los conciudadanos.

¿Por qué es tan palmario que una importante base la población a nivel nacional, pero también destacados juristas y defensores de derechos humanos a nivel internacional, vean a Arias como la víctima de un sistema judicial arrogante y militante de afiliaciones políticas descaradas, que actuó sintonizada con palmarios contradictores de Uribe Vélez, en vez de un funcionario justamente condenado por los hechos que se le endilgaron?

Por el bien de la credibilidad y recuperación de la confianza en nuestra justicia, la manguala entre los despachos judiciales y los apartamentos capitalinos jamás debe ocurrir.

Urge que nuestra Rama Judicial demuestre que las investigaciones y condenas a los funcionarios públicos obedecen estrictamente a una calificación ponderada y justa de la conducta de éstos, y limpias de las preferencias políticas o de las parcialidades ideológicas de nuestros jueces.

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