Editorial


El caso Mayorquín

“Es conveniente que en Palacio se oficien en investigar y revelar los resultados de los procesos disciplinarios correspondientes, y qué papel jugaron otros servidores...”.

EL UNIVERSAL

15 de enero de 2022 12:00 AM

En reciente editorial mencionamos, como una de las máculas del gobierno del presidente Duque, algunos nombramientos de ciudadanos que estaban por debajo del nivel de los cargos que han ocupado u ocupan.

Lo acontecido en el caso de Andrés Mayorquín y Karen Váquiro, si los hechos denunciados por el periodista de Blu Radio, Sebastián Nohra, resultan ciertos, implicaría que la crítica cabría hacerla extensiva a la categoría de los asesores.

Mayorquín, quien hasta hace poco fungió como asesor político de la jefa de Gabinete del presidente, presuntamente gestionó 24 contratos para su esposa por montos que suman algo más de $1.200 millones de pesos, ante 15 entidades gubernamentales entre las que se cuentan la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Vigilancia, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Presidencia, el Senado, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación.

La gravedad del caso no es solo el presunto conflicto de intereses que le rodea, por tratarse de cónyuges entre sí estando ambos vinculados al Estado; también la supuesta ausencia de experiencia para la prestación de los servicios que se le encargaron al asesor, así como a su esposa, a quien le correspondió, por recomendación de su marido, asumir simultáneamente los múltiples contratos que logró suscribir, de los cuales la pareja habría derivado jugosos recursos públicos.

Grave que, además, presuntamente se le haya ocultado al director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) la existencia de la unión marital o las causales inhabilitantes, incluso bajo la gravedad de juramento.

Para ponerle picante al sonado escándalo, pero también para mostrar el descaro de los encartados para acceder a más recursos públicos, el alcalde William Dau relató que Mayorquín lo contactó para ofrecerle servicios de cabildeo en el Congreso a través de su esposa. El alcalde, con razón, dejó una pregunta en el ambiente: ¿logró contratos con otros alcaldes o gobernadores?

En todo caso, bien por la rápida reacción de la Casa de Nariño al desvincular del cargo al asesor político; pero falta más. Es conveniente que en Palacio se oficien en investigar y revelar los resultados de los procesos disciplinarios correspondientes, y qué papel jugaron otros servidores públicos en este entramado de megacontrataciones de prestación de servicios profesionales, pues el éxito de la mustiamente famosa pareja, en un periodo tan corto –de solo 19 meses–, no pareciera posible sin la cooperación de otras personas, o bien dentro, ora fuera del Gobierno, como, por ejemplo, dentro de las casas políticas de alcance nacional, en lo que, en tal evento, sería un nuevo entramado de tráfico de influencias.

Produce hastío este nuevo caso no solo por su indecencia; también por el descaro con el que obran personas cercanas a nuestros gobernantes.

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