El caso Odebrecht

10 de agosto de 2019 12:00 AM

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La tinta que ha corrido alrededor de Odebrecht se debe a que es el más emblemático caso de cómo opera la alianza entre corrupción pública, privada y transnacional. Pero no es, ni mucho menos, la excepción a la regla en la contratación pública.

Todos los días, en entidades nacionales o en cualquier ente territorial, desde la muy digna y progresista Bogotá, hasta el más distante municipio, pasando por cualquier gobierno departamental, se cuecen negociados que manipulan el erario como hacienda privada.

Pero la gran diferencia entre el caso Odebrecht y las demás perversidades que en la contratación pública se fraguan en el país, es que en Odebrecht puso el interés el ojo que todo lo ve, que no es precisamente el de Dios, sino el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que instó a la justicia nacional a producir resultados con el traslado de pruebas que se hicieron desde los procesos que se abrieron en la influyente Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Así, tanto la Fiscalía, como los despachos judiciales, pero también el Ejecutivo, no pudieron evitar emprender una cruzada por obtener resultados, y prontos. No había más opción. La justicia tenía que funcionar en este caso.

Y quedan muchas lecciones. De entre estas, caben mencionar al menos dos.

Una, que ha producido el laudo arbitral dictado el pasado 6 de agosto en la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro del trámite de la Concesionaria Ruta del Sol SAS contra la ANI, que declaró la nulidad del contrato de concesión No. 001 de 2010 firmado entre dichas partes, por objeto y causa ilícitos, y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder.

Con esta decisión, los colombianos nos libramos de pagar más de un billón de pesos que pretendía la cuestionada concesionaria, ratificando el importante precedente de que, en casos de colusión o concertación entre funcionarios públicos y contratistas privados para favorecer con adjudicaciones a dedo a un determinado concursante dentro de la apariencia de una licitación pública, con desprecio por los demás oferentes, el contrato que se firme es nulo absolutamente, sin derecho a compensación.

Y, dos, porque el laudo analiza y describe cómo opera la colusión entre servidores públicos y empresarios privados y los efectos nefandos que causa a la sociedad, así como el daño que produce a la confianza general, a la libre empresa, pasando por las claras vulneraciones a las normas que prohíben la competencia desleal y demás malas prácticas concurrenciales empresariales, de suyo delictivas.

En suma, quedó revelada cómo funciona la empresa político-criminal que se campea en todo el país, que es la que decide no solo qué se contrata, sino a quién se contrata; pero que arranca desde la configuración y financiamiento de las campañas políticas en todos los niveles, y llega hasta el manejo protervo de los presupuestos oficiales.

No valdrán las buenas intenciones mientras no se reconozca que, junto con el narcotráfico, los carteles político-empresariales cooptaron el establecimiento. ¿Se podrán develar sin la ayuda del ojo que todo lo ve?

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