El caso Santrich

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Superado el controvertido ingrediente de la renuncia del fiscal, y después de conocidas las declaraciones de los representantes de los partidos y movimientos políticos y líderes de opinión, las estructuras democráticas del país demuestran que son fuertes y pueden soportar la crisis institucional que se desató este miércoles.

Corresponde ahora que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la aceptación de la renuncia y que solicite al Ejecutivo la terna para que aquella elija al nuevo fiscal general de la Nación. El país apreciaría que el presidente Duque conforme una terna de lujo, integrada por distinguidos juristas, ojalá expertos en derecho penal y prestigios a toda prueba. No será de buen recibo que se cuele un nombre que despierte el justificado rechazo que otros postulados por el actual Gobierno para distintos cargos, han protagonizado.

Por su parte, la JEP requiere concentrar sus fuerzas en enviar un mensaje que le devuelva a buena parte del país, la credibilidad debilitada por la resolución en torno al caso Santrich.

En efecto, luego de conocer los salvamentos de voto de las magistradas que no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria de la correspondiente sala de la JEP, y de entendimiento sobre cuál ha sido la tradición en la cooperación con los Estados Unidos en materia judicial, quedó en el ambiente la duda sobre si el proveído fue político o jurídico, máxime después de conocido un video que circuló con posterioridad al anuncio de la decisión que favoreció a Santrich.

El video en mención es, a su vez, un desafío, por decir lo menos. No puede entenderse cómo es que a la JEP no se le hizo conocer oportunamente. De hecho, no es fácil inferir cuál es la razón que motivó su ocultamiento y por qué solo fue difundido horas después de la lectura de la ya de por sí polémica decisión.

El centro de la discusión es la de determinar si los hechos que motivaron la solicitud de extradición por parte de la justicia estadounidense fueron presuntamente cometidos antes o después de celebrados los acuerdos con las Farc (1 de diciembre de 2016).

Sobre ello tendrá que ocuparse el procurador Carrillo, quien anunció la interposición del recurso de apelación. Y tendrá que evaluar, como también los cinco magistrados que integran la sección de apelación de la JEP, si las pruebas allegadas al proceso son o no suficientes y, si fuere del caso, qué valor probatorio pudiera tener el video que se reveló el martes en la noche.

En tal caso, además del análisis de las pruebas, tendrían que examinar los magistrados si el famoso video constituye o no una prueba sobreviniente; si puede considerarse eficazmente obtenida y si es posible su valoración en virtud del hallazgo de un elemento de convicción de vital trascendencia, que solamente pudo conocerse con posterioridad a la emisión del proveído de la primera instancia por parte de la sección de revisión de la JEP.

Si ese trámite se maneja con el rigor, la independencia y la imparcialidad que se depreca de quienes tendrán a su cargo la esperada decisión, sea cual fuere esta, la JEP saldrá fortalecida.

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