Editorial


El futuro de Electricaribe

“Pero no es de buen recibo que se vuelva a cargar a los ciudadanos las ineficiencias en la prestación de los servicios a cargo del Estado. Es preferible (...)”.

Varias de las revelaciones ofrecidas por la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, en el Foro Colombia Genera 2019, de la ANDI, alientan frente al futuro del servicio de energía eléctrica para el Caribe.

En efecto, se refirió al proceso de selección de un nuevo operador para Electricaribe, con alternativas que no se tuvieron en cuenta en el anterior proceso, suspendido por el Gobierno. Entre esas opciones se encuentran la de contratar a más de un operador, lo cual generaría un ambiente de competencia que tendría que redundar en una mejora en la calidad del servicio y, consecuentemente, en las tarifas.

Ya esa competitividad la vienen disfrutando grandes consumidores, como los del sector industrial, que pueden escoger con quién contratar el servicio de entre todas las empresas distribuidoras de energía que concurren en el mercado nacional.

También se anuncia la posibilidad de segmentar el mercado de la Costa en dos o tres, para poder contratar un operador en cada uno de ellos, sin perjuicio de que un solo operador se quede con todo el mercado de la región Caribe.

Y es posible que resulte este nuevo intento, pues la Electricaribe que se ofreció al mercado en el proceso de convocatoria pública suspendido, no es la misma empresa que ahora se postula para la venta, pues el Gobierno nacional ha decidió asumir el enorme pasivo pensional, calculado en más de 1.2 billones de pesos, así como excluir de la venta de la compañía buena parte de las deudas actuales, que toma el Estado, lo que hace la transacción muy atractiva.

A esto se suma que se destinará una cifra cercana a los 860 mil millones de pesos este año, para mantenimiento y ampliación de redes, compra de equipos, entre otras inversiones, bajo la óptica de que la empresa no paralice su gestión sucesiva por cuenta de la expectativa que genera el arribo de uno o más inversionistas al mercado eléctrico regional.

Si todas estas iniciativas son de buen recibo para los consumidores locales, en cambio no lo es la anunciada sobretasa de cuatro pesos por kilovatio hora que se impondría a los estratos 4, 5 y 6, y el segmento comercial e industrial, por dos años, según iniciativa incluida en el Plan de Desarrollo del gobierno Duque. Se valora, eso sí, que la propuesta esté dirigida a que sean todos los colombianos los llamados a pagar esta sobretasa, pues es un reconocimiento de lo que significa la región Caribe para la Nación. Pero no es de buen recibo que se vuelva a cargar a los ciudadanos las ineficiencias en la prestación de los servicios a cargo del Estado. Es preferible, y es también más justo, que el Gobierno tome recursos de otras fuentes tales como las de regalías o de otros activos del sistema eléctrico nacional, como ya ocurrió con PRONE, FAER, FAZNI y FOES, y no crear nuevas contribuciones a cargo de los ciudadanos, las cuales, aunque se anuncien como temporales, terminan convertidas en permanentes, con riesgo de incrementarlas como ya sabemos que ha ocurrido con un establecimiento cuyas ineficiencias son directamente proporcionales a su apetito voraz.

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