Editorial


El futuro de Transcaribe

No nos llamemos a engaños: la situación de Transcaribe es la de una empresa no viable.

Esta semana publicamos una noticia sobre el estado financiero del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe), producto de años de inestabilidad política, ausencia de recursos para chatarrización, mezquindad en el giro de fondos para la adecuada operación en 2018; la ocupación tope al 35% por la pandemia; una tarifa muy por debajo de lo que cuesta mover cada bus por pasajero; y ahora abocados a un nuevo recorte del presupuesto para lo que resta de 2020.

El panorama no puede ser más oscuro y no se ve otro destino que la paralización del sistema.

No nos llamemos a engaños: la situación de Transcaribe es la de una empresa no viable. Ya sabemos que la tarifa que cobra es casi una tercera parte de la técnica, con lo cual la empresa está llamada a desaparecer.

No omitimos que el Distrito ha tenido que jugar con una pandemia limitante de la operación en solo el 35% de la capacidad por bus, mientras que los subsidios de la nación para compensar esa diferencia son pírricos. No sabemos si ha faltado gestión de Transcaribe o del Distrito para exigir al Gobierno central mayor ayuda por la emergencia sanitaria, desconocimiento que no nos permite afirmar si es que la actual administración no ha priorizado a Transcaribe como una de sus empresas vitales. Transcaribe debería ser ya la única prestadora del servicio público de transporte masivo en Cartagena, siendo ese servicio esencial un deber a cargo de la municipalidad, máxime cuando está probado que sólo un sistema unificado eficiente permite a los cartageneros una movilización cómoda, rápida y eficiente.

Si Transcaribe funcionara bien, con rutas bien servidas, óptimas frecuencias y horarios completos, los cartageneros se volcarían a usar el sistema, con menos carros en las vías y el costo/beneficio justificaría cualquier inversión.

El Distrito optó por ser otro operador más del Sistema; esa decisión, que se justificó en su momento, no era necesaria sostenerla antes de la pandemia; pero no fue proactivo cuando pudo hacerlo desprendiéndose de compromisos de inversión en flota y chatarrización. Quién sabe si ahora ese momento se perdió, pero en el largo plazo el Distrito tendrá que liberarse de esa carga financiera.

El compromiso incumplido por parte del Distrito, de asumir la cuotaparte de chatarrización a la que se obligó al convertirse en operador, ha frenado el crecimiento de la flota y la desaparición de los buses de modelos no eficientes, pues difícilmente los otros dos operadores aceptarán llevar solos toda la carga que contractualmente se licitó entre tres.

La sobretasa a la gasolina ha sido la fuente exitosa que el Distrito ha utilizado para fondear sus compromisos; aunque menguada por la pandemia, seguramente crecerá en 2021 y probablemente se normalice en 2022. Una buena labor financiera del Distrito puede convertir en líquidos esos recursos futuros. De lógralo, podría capitalizar a Transcaribe o, por lo menos, a su ente operador, para permitirle honrar sus compromisos y darle oxígeno a un Sistema que angustiosamente lo reclama.

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