En las dos últimas semanas una de las vicisitudes que más inquietud causó en el mundo de las relaciones entre el alto Gobierno y los gobernados es la evidente interferencia que personas cercanas al presidente y algunos de los integrantes de su gabinete, promovieron para deslegitimar a voceros de los más importantes gremios del país.
De hecho, tres de esos gremios permanecen sin representación (Asobancaria, Camacol y Fasecolda); y a las demoras en la designación de sus reemplazos, pues el proceso de selección se está manejando con una finísima filigrana con miras a que no haya una mirada objetora por parte del Gobierno nacional a sus nuevos voceros, hay que agregar supuestos desgastes con el gabinete ministerial. Por ejemplo, el director Ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia) ya anunció su retiro, lo mismo que el de la Federación Nacional de Cafeteros.
En todo caso, el sinsabor que se esparce en el ambiente es que en la Nación hay funcionarios o allegados de estos que están en disposición de solicitar las cabezas de distintas asociaciones de empresarios, o que tienen la inclinación a deslegitimarlos si no se convierten en áulicos de los mandatarios de turno, o que tienen la vocación de saltarse la representación gremial para ir directamente a hablar con los miembros de esas asociaciones de empresarios singularmente individualizados.
Tan es una posición inadmisible que los gremios cambien a sus voceros por las veleidades y malquerencias de los gobernantes, pues el gremio que en ello incurra pierde respetabilidad y credibilidad, como es inadmisible la conducta retrechera, indelicada y abusiva de los funcionarios estatales que amenacen con cerrarle las puertas a determinado sector de la economía porque no se sienten a gusto con los voceros formales que los representan.
Baste recordar lo que dice el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1948 en cuanto a las obligaciones de los Estados parte, como Colombia, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Básicamente sus normas imponen a los gobiernos respetar tanto a los sindicatos como a los gremios empresariales. Por ejemplo, en el artículo 3 se lee: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
Valdría la pena saber si los altos funcionarios del actual Gobierno conocen la existencia e imperatividad de esas normas. En todo caso, los líderes sindicales sí que las conocen... y en unos cuantos gremios también.
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