Si se necesita un mejor ejemplo de por qué la reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República es una absoluta locura, basta con mirar la historia reciente del Hospital Universitario del Caribe (HUC).
Hace solo unos días –en términos institucionales–, esto es, el pasado 27 de julio de 2022, nos alegramos con la noticia que ese neurálgico centro de salud dejaba de ser intervenido, tras seis largos años, por la Superintendencia Nacional de Salud por causa de la crisis económica, atribuida por sus directivos al no cumplimento de las deudas de parte de las EPS, por los pacientes que ahí se atendían.
Al salir de la intervención, y ya con una nueva administración, estábamos convencidos, ilusamente por supuesto, que tendríamos un hospital central bien administrado y con capacidad de dar lecciones de conocimiento, experiencia y buen funcionamiento.
Pero, oh sorpresa para los ilusos, pero nada que asombre a las mentes prácticas y con los pies en la tierra, nuevamente el hospital será sometido a una vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud al menos por seis meses.
Sucede que durante los actos de seguimiento al coso hospitalario, se identificaron hallazgos de deficiente gestión administrativa y falta de controles que afectan directamente la prestación del servicio de salud. ¡Nada nuevo!
Entre los hallazgos se encontró la ocurrencia de riesgos operativos y de salud frente a la contratación del talento humano asistencial, sin la debida acreditación para el ejercicio de su profesión; la prestación del servicio de Psiquiatría sin contar con la respectiva habilitación; inadecuada tercerización de actividades que dificultan la adecuada toma de decisiones; riesgos asistenciales relacionados con infraestructura en el servicio de urgencias: inseguridad del paciente por la ausencia de medicamentos y la dotación de equipos; deficiencias frente a la depuración contable; estados financieros que no cuentan con las revelaciones de ley; déficit presupuestal respecto al recaudo, en riesgo del equilibrio financiero de la entidad; o sea, una multiplicidad de discordancias que hacen preguntar qué tipo de administración se le dio al Hospital en el tiempo desde que concluyó la pasada intervención.
En suma, la estatización de la salud solo conllevará a la mala gestión del sector, y la prueba reina en nuestro medio es la incapacidad de sostener una buena gestión del Hospital Universitario. Este centro de salud cuenta con los mejores médicos y auxiliares de estos en toda la región; tiene además dotaciones que la Gobernación de Bolívar logró proveer durante la pandemia, con el apoyo del Gobierno nacional y donaciones de todo orden. Entonces, ¿por qué el fracaso en la gestión?
La respuesta es sencilla: porque su administración es estatal. Y eso es lo que nos espera con el proyecto de reforma a la salud. Ni más ni menos.
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