Editorial


El Igac y el predial

“No hay razones para dudar que para el 15 de enero la ciudad contará con esa valiosa información; pero es conveniente que tanto el Igac, como las demás autoridades...”

EL UNIVERSAL

13 de enero de 2022 12:00 AM

Resulta preocupante que a esta fecha no se haya podido liquidar el Impuesto Predial Unificado (IPU) de 2022 en Cartagena, lo que suele ocurrir a más tardar al concluir la primera semana de enero de cada año.

La responsabilidad no es atribuible a la Secretaría de Hacienda Distrital, por cuanto la base catastral necesaria para la liquidación de este impuesto es suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que usualmente la entrega entre el 29 y 30 de diciembre del año anterior.

Por eso causó desconcierto la expedición de la Resolución 1885 del 28 de diciembre de 2021 por la cual el Igac ordenó la suspensión del Sistema Nacional Catastral, en tanto que esa falencia supone que, hasta tanto se reciba la base catastral actualizada, no será posible liquidar y expedir facturación del Impuesto Predial Unificado en Cartagena de Indias.

A pesar de que se ha revelado que la información necesaria para que las ciudades liquiden tal impuesto ya está consolidada y evaluada por el Igac, y que este se comprometió a entregarla antes del 15 de enero, no pueden desconocerse las graves implicaciones que tal retardo tiene para el mercado inmobiliario en el Distrito, así como en el recaudo de tributos para las arcas de este ente territorial. Por lo tanto, es prioritario que se transfiera esa información en el plazo mencionado.

Seguramente no será desconocido para el Igac que en la práctica ningún proyecto inmobiliario o urbanístico puede escriturar ni vender unidades habitacionales, locales comerciales y demás bienes raíces precisamente porque, si no se puede liquidar el Predial, no es posible obtener de la Secretaría de Hacienda Distrital la factura para el pago del impuesto.

Sin ese pago tampoco es posible obtener el paz y salvo respectivo y, con ello, la prueba necesaria que exige la ley para que los notarios puedan tramitar el otorgamiento de las escrituras públicas relativas a operaciones inmobiliarias, que demandan la obligatoria certificación, entre otras, del paz y salvo por ese impuesto.

De la misma manera, no contar con la posibilidad de pagar y obtener el paz y salvo predial causa problemas adicionales, de no menor importancia. Baste mencionar la serie de incumplimientos en los que podrían incurrir promitentes vendedores de inmuebles que concurran a las notarías a solemnizar la compraventa prometida, por no poder probar que están al día con estos impuestos.

No hay razones para dudar que para el 15 de enero la ciudad contará con esa valiosa información; pero es conveniente que tanto el Igac, como las demás autoridades, tomen atenta nota de lo que ocurrió en esta ocasión, para que no se repita. Y no debe descartar el Distrito la posibilidad de prorrogar los descuentos por pronto pago que se han otorgado hasta finales de marzo, en caso de que haya una demora mayor en la expedición de las facturas correspondientes.

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