Editorial


El macroproyecto del Canal

“Frente a la superación de los escollos ya mencionados cabe preguntarse si aún quedan motivos para que el Gobierno no adjudique el proyecto (...)”.

EL UNIVERSAL

24 de noviembre de 2022 12:00 AM

Estamos a escasos días de que el Gobierno nacional decida si adjudica o no el macroproyecto del Canal del Dique al único oferente en una licitación que ha estado tan accidentada, que no pocas dudas surgieron de que llegar a este momento crucial fuera posible.

En efecto, el último escollo externo a la licitación que lo impedía fue la medida cautelar dictada por un juez dentro de una de las acciones de tutela que han cursado contra el proceso de selección del eventual contratista. Por eso, salvo que exista alguna razón de peso dentro del trámite licitatorio, en singular, relacionado con las calidades o con la propuesta del único proponente, no conocemos de razones que impidan la esperada adjudicación, singularmente porque quedó claro que las comunidades no están en contra del proyecto, tal como se evidenció tanto en los espacios de socialización que con tanta diligencia adelantó la ANI, como en los diferentes escenarios en los cuales voceros de los pobladores manifestaron sus inquietudes y el convencimiento de la necesidad inaplazable del proyecto, justo en estas semanas en las que el crudo invierno ha vuelto a revelar su capacidad de daño, poniendo de relieve que, por sobre toda otra consideración, se trata de un proyecto de hondo raigambre ambiental.

Tampoco podemos omitir la audiencia pública convocada por la JEP, de la que no surgió ninguna medida que impida la adjudicación, pues los requerimientos en relación con el protocolo de búsqueda de cadáveres de víctimas del conflicto, los vienen adelantado las entidades vinculadas conforme con el proveído judicial.

Como se dijo anteriormente, la ola invernal sigue azotando sin piedad a las comunidades de la amplísima área de influencia del Canal del Dique y las respuestas estatales no se evidencian; y si se están dando, no son eficientes y mucho menos eficaces para atender la desdicha y el desamparo que se vive en las poblaciones ribereñas, por condiciones adversas que siguen incrementando la zozobra de padecer experiencias similares a las de 2010-2011.

Frente a la superación de los escollos ya mencionados cabe preguntarse si aún quedan motivos para que el Gobierno no adjudique el proyecto. Pero es pertinente insistir en que la Costa Caribe es digna de recibir una inversión que mitigue el desastre ambiental causado por el mismo Estado desde que rectificó el canal en 1984, propinando desde entonces el incremento de la degradación de los ecosistemas asociados al canal.

Es, además, un proyecto que integra muchas de las políticas que abandera el actual Gobierno en torno de los efectos del cambio climático, la restauración de ecosistemas, la biodiversidad, el ordenamiento del recurso hídrico, la seguridad alimentaria, la inclusión social, la generación de empleo, entre otros.

¿Habrá algún motivo que desconozcamos que impida la adjudicación?

Tenemos derecho a saberlo.

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