No es fácil entender todo lo que está pasando en relación con la protesta de diversas comunidades indígenas en el Pacífico colombiano. Tampoco todas sus causas, motivaciones y objetivos frente a las variadas pretensiones que han expresado los líderes de la minga que tiene prácticamente paralizada la economía y perturbada la tranquilidad en Cauca, Valle, Nariño y Putumayo, y que amenaza con extenderse a otros departamentos si las negociaciones se prolongan en demasía.
Los indígenas y, en menor grado, los campesinos que participan en las protestas sustentan causas históricas, nunca resueltas ni bien atendidas, que justifican, si no la forma, sí el fondo que las motiva. A no dudarlo, el conflicto ancestral por el control de la tierra, la inequidad y el abandono estatal constituyen una deuda que es agravada por los sucesivos incumplimientos en acuerdos que varios gobiernos han birlado o no han cumplido completamente. Se explica esto con la irresponsable conducta de los funcionarios que, en nombre del Estado, y con el fin de superar anteriores marchas y paros indígenas, prometieron planes, programas y recursos incumplibles.
Pero también está la otra cara del paro, que daña en modo grave el funcionamiento de las estructuras económicas de buena parte del país, con afectaciones que no distinguen estrato social o sectores comerciales e industriales, pues menoscaban al conjunto de la sociedad, con lo cual los derechos de minorías étnicas que tiene especial protección constitucional, terminan perjudicando el interés general.
El paro puede entrar, incluso, en una pérdida de legitimidad si los líderes de la minga no marcan distancia con el aprovechamiento político de opositores del Gobierno que ya se percibe, o de pretensiones en las que no priman los derechos que reclaman, sino demandas claramente inviables pues no son solo del resorte de territorios o de grupos raizales, sino del interés nacional, como las objeciones del presidente Duque a la JEP, la política económica, la asignación de 49.000 hectáreas de tierras, el manejo autónomo de recursos, entre otros temas que seguramente el Ejecutivo no va a discutir o a acordar.
Por esto, conviene que los líderes de las protestas hagan expresa condena de los atentados criminales, la retención del oficial del Ejército y de otros hechos reprochables ocurridos alrededor de las protestas, así como rechazar la infiltración de grupos armados, actos que oscurecen la percepción de justeza del paro que ellos denominan la minga social del suroccidente.
Pero también es necesario que el Gobierno reanude los diálogos y procure culminarlos sin dilaciones, pues las demoras solo favorecen la profundización de las distancias y la agravación de la situación social, que puede extenderse a otros departamentos, algunos de los cuales ya comienzan a sentir los efectos del desabastecimiento o escasez de alimentos y otros productos de primera y segunda necesidad.
Deponer soberbias, sincerar el discurso y arribar a compromisos sensatos, eso espera el país de las partes en conflicto, uno en el que, finalmente, somos todos afectados y responsables.
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